Tal como estaba previsto, la defensa legal de Genaro García Luna, extitular de la Secretaría de Seguridad Pública federal, presentó una apelación a la sentencia de 38 años y 10 meses de cárcel y al veredicto de culpabilidad que le fueron impuestos a su cliente en Nueva York, Estados Unidos, por cuatro cargos de narcotráfico y uno por mentir a las autoridades de la Unión Americana.
Fue el 16 de octubre pasado que el juez de Brooklyn, Nueva York, Brian Cogan, el mismo que llevó el caso de Joaquín “El Chapo” Guzmán, a quien dio cadena perpetua, únicamente optó por darle la citada condena al exfuncionario del sexenio del expresidente Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012). Tras el reclamo judicial, el caso será turnado a un Tribunal de Apelación.
No obstante, la resolución del impartidor de justicia se dividió en 460 meses por casos relacionados al narcotráfico, mientras que por el delito de mentir a las autoridades “gringas” le dieron otros seis meses. Asimismo, deberá pagar una multa de 2 millones de dólares «por su ayuda durante una década al Cártel de Sinaloa», subrayó Cogan, quien además le dictó otros cinco años de libertada condicionada al cumplir su pena de casi 39 años.
Ahora, lo que se viene para García Luna de 56 años son tres escenarios, que de acuerdo con Ariel Moutsatsos, colaborador de Radio Fórmula, uno de ellos es que la medida proceda, lo cual no es fácil debido a que es un exfuncionario de primer nivel y porque los cargos que tiene en su contra son relacionados al crimen organizado.
Un segundo caso es que su queja no proceda, pero le reduzcan de 3 a 5 años por buena conducta y el último elemento es que se decida a cooperar con el gobierno de Estados Unidos para lograr que bajen los años que debe estar en prisión.
DELITOS DE CULPABILIDAD
Los delitos por los que el llamado “superpolicía” del gobierno federal del panista fue hallado responsable en la Unión American hace casi 20 meses son:
1.- Participar en la dirección de una empresa criminal que continúa su actividad, es decir, el Cártel de Sinaloa.
2.- Conspiración para la distribución internacional de cocaína.
3.- Conspiración para la distribución y posesión de cocaína con intención de distribuirla.
4.- Conspiración para la importación de cocaína.
5.- Dar falso testimonio a las autoridades estadounidenses.
ARRESTADO EN 2019 EN DALLAS
García Luna fue arrestado el 9 de diciembre de 2019 en Dallas, Texas, luego de estar señalado de ayudar al Cártel de Sinaloa y de brindarles protección a cambio de sobornos millonarios, todo ello durante el mandato de Calderón Hinojosa. Tras las audiencias y el juicio, el 21 de febrero de 2023 fue declarado culpable de los cinco delitos descritos.
La apelación de la sentencia se dio dentro del plazo de 14 días luego de la resolución, tal como lo dijo César de Castro, uno de los abogados de García Luna, el 16 de octubre pasado, cuando salió de las salas del juzgado de Brooklyn.
En una breve entrevista con medios de comunicación, luego de conocer la condena del “exsuperpolicía”, el defensor defendió al exfuncionario mexicano de las declaraciones de Cogan, quien calificó a su representado de tener una doble vida, igual que el narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera.
«No es el hombre que describen como una persona con doble vida, estamos en desacuerdo con eso, él solo tenía una vida y era funcionario del servicio público. Estamos en desacuerdo con la decisión del juez», abundó aquella vez el jurista.
MÉXICO QUIERE SU EXTRADICIÓN
Por su parte, el gobierno de nuestro país solicitará a Estados Unidos la extradición de García Luna, puesto que cuenta con tres denuncias presentadas en la nación y dos órdenes de aprehensión giradas por la Fiscalía General de la República (FGR), explicó días atrás Roa Icela Rodríguez Velázquez, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob).
De acuerdo con la funcionaria, las órdenes de arresto corresponden a su participación en la operación de seguridad llamada Rápido y Furioso, en cuya estrategia se permitió el delito de introducción al territorio nacional de forma clandestina, de armas, municiones, cartuchos, explosivos y materiales de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea o sujetos a control; el proceso que a pesar de haber iniciado en 2009 logró judicializarse hasta 2020.
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