Elvia Lucía Aguillón Moreno, y Marisol López amagan a trabajadores de limpieza y mantenimiento contra sindicalizarse, pese a reforma que sanciona injerencia oficial
En una reunión con personal de limpieza y mantenimiento del Senado de la República, la directora general de Recursos Humanos, maestra Elvia Lucía Aguillón Moreno, y la directora de Mantenimiento, licenciada Marisol López, desalentaron la afiliación sindical argumentando que no ofrece mayores garantías tras la basificación y podría generar cuotas innecesarias.
Las declaraciones se dieron por instrucciones del senador Adán Augusto López Hernández y con participación del secretario general de Servicios Administrativos, licenciado Oscar Palomera, justo cuando una reforma reciente —impulsada por el senador Alfonso Cepeda Salas y aprobada en noviembre de 2025— establece sanciones graves por injerencia de servidores públicos en la vida sindical.
En una reunión sostenida con trabajadores de las áreas de limpieza y mantenimiento del Senado de la República, la directora general de Recursos Humanos, Elvia Lucía Aguillón Moreno, fue quien dio el mensaje principal, mientras que Marisol López —directora de Mantenimiento y jefa directa de todos los trabajadores de estas áreas— reforzó la historia y concentró a la gente para la sesión.
Elvia Lucía Aguillón Moreno mencionó explícitamente que, por instrucciones del senador Adán Augusto López Hernández y del senador Gerardo Fernández Noroña, así como con la participación del secretario general de Servicios Administrativos, licenciado Oscar Palomera, se realizaban este tipo de pláticas con el personal.
También se debe considerar que, de acuerdo con la iniciativa presentada por el senador Alfonso Cepeda Salas, aprobada por el Senado en noviembre de 2025 y publicada posteriormente, existen sanciones expresas por la injerencia de los servidores públicos en la vida sindical —incluidas conductas como coacción, amenazas o presiones para influir en la afiliación o elecciones sindicales—, considerándolas faltas administrativas graves que pueden derivar en suspensión, destitución o inhabilitación de hasta 20 años.
Cabe destacar que el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Cámara de Senadores es quien pretende afiliar a estos empleados. Sin embargo dichos funcionarios argumentan que pertenecer a uno no ofrece mayores garantías laborales tras la basificación y podría implicar cuotas o gastos no previstos.
La intervención respondió a inquietudes reportadas entre el personal respecto a rumores de invitaciones para sindicalizarse. Marisol López expresó preocupación por dichos rumores y cuestionó la necesidad de «gestores» para asegurar derechos laborales: «¿Por qué ocupan gestores para tener sus derechos y sus garantías de mantener su trabajo?».
Marisol López enfatizó que, contrario a lo que algunos trabajadores podrían creer, la sindicalización no representa una mejora en la estabilidad o condiciones laborales: «Ustedes pueden creer que formando parte de un sindicato, pues les pueden dar mayores garantías. Entonces, primero yo les quiero comentar: No es así. No es así».
Agregó que en grupos previos la principal inquietud ha sido el temor a perder el empleo post-basificación, lo que lleva a considerar la sindicalización como opción.
Por su parte, la directora general de Recursos Humanos, maestra Elvia Lucía Aguillón Moreno, participó reforzando el mensaje central de que la afiliación sindical no implica beneficios reales ni mayor seguridad en el puesto.
Este encuentro ocurre en el marco del proceso de eliminación del outsourcing en el Senado, concretado a inicios de 2025, que permitió la contratación directa de alrededor de 390 trabajadores de limpieza y mantenimiento como empleados de confianza.
Sin embargo, persisten tensiones internas entre el personal, que busca consolidar derechos tras años de subcontratación, y la dirigencia administrativa, que sostiene que la basificación ya otorga todas las garantías necesarias sin intermediarios sindicales.
Cabe destacar que los derechos laborales están protegidos por la Constitución y la Ley Federal del Trabajo, en un contexto donde los trabajadores buscan fortalecer su posición laboral, y en contravención potencial a la reforma aprobada que prohíbe y sanciona precisamente este tipo de injerencias por parte de servidores públicos.
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