La reciente discusión sobre la Reforma Electoral y la incorporación de la CURP biométrica se movió del campo técnico al político con un intenso debate sobre las libertades ciudadanas, la seguridad y la credibilidad al sistema democrático mexicano.
Por una parte, el gobierno argumenta que es una herramienta para agilizar trámites y mejorar la atención a víctimas y la búsqueda de personas; por otra, críticos, colectivos y especialistas la perciben como el inicio de una infraestructura de vigilancia masiva.
De acuerdo con la información brindada por el gobierno, la CURP biométrica podrá tramitarse de forma opcional a partir de octubre; no obstante, la hoja de ruta oficial prevé la emisión generalizada en enero de 2026 y su obligatoriedad un mes después, lo que hace cuestionarse ¿qué tan voluntaria es realmente esta disposición oficial?
Norberto Maldonado, experto en tecnología y ciberseguridad, advierte que la biometría ofrece beneficios operativos como acelerar búsquedas o verificar identidades, pero advierte que esos beneficios dependen del diseño institucional.
“Sin límites claros y supervisión independiente, la biometría se convierte en una puerta a abusos: la obligatoriedad y la centralización de datos son dos líneas rojas”, advierte Norberto Maldonado, experto en tecnología y ciberseguridad. También alerta sobre la exclusión de sectores vulnerables, debido a la brecha digital en el país.
El paquete de reformas en discusión en la Cámara de Diputados otorga a distintas instancias gubernamentales acceso a datos personales, incluidos biométricos, sin contrapesos judiciales claros. Entre las principales preocupaciones están el posible debilitamiento del INAI, la ausencia de auditorías independientes y la falta de transparencia en el manejo de bases de datos.
Para Maldonado, plataformas complementarias que concentren credenciales y biométricos elevan el riesgo de filtraciones y suplantación de identidad. “Si además se debilitan los órganos fiscalizadores, las garantías se vuelven letra muerta”, señala.
Desde el gobierno se insiste en que la ley establece controles y que cualquier uso ilegítimo podría ser sancionado; sin embargo, para Maldonado y otros expertos la discusión debe centrarse en mecanismos tangibles: auditorías externas, límites claros al acceso por parte de fuerzas de seguridad, retención mínima de datos, evaluación de impacto en derechos humanos y rutas alternativas para quienes no puedan o no quieran entregar sus datos.
Más de un centenar de colectivos y familias de personas desaparecidas han rechazado las reformas, al estimar que la CURP biométrica y la Plataforma Única de Identidad no atacan las causas estructurales de la crisis forense y de búsqueda, y que, además, centralizan información sensible sin resolver la falta de capacidades en comisiones de búsqueda y forenses.
“Para muchos de esos grupos, la respuesta debió ser fortalecer instituciones ya existentes, no sustituirlas con un entramado tecnológico que concentra datos y no están alejados de la realidad”, enfatiza el experto.
La CURP biométrica ofrece beneficios tangibles para la simplificación de trámites y la potencial colaboración en búsquedas de personas; sin embargo, su obligatoriedad prevista para 2026 y la integración en un marco legal que amplía facultades de seguridad sin contrapesos ni vigilancia independiente suficientes generan inquietud.
Finalmente, Maldonado subraya que la clave es construir salvaguardas institucionales que garanticen derechos más que imponer soluciones técnicas desde arriba.
“En un país donde el ransomware presenta un incremento del 65% anual, con antecedentes de espionaje y uso cuestionable de tecnologías de vigilancia, la discusión debe dirimirse con información, transparencia y, sobre todo, acuerdos que preserven libertades y fortalezcan la confianza ciudadana”, concluye el experto.
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