Salamanca, Gto.— Lo que comenzó como una promesa de desarrollo industrial para Salamanca, terminó convirtiéndose en un símbolo de despojo, deuda y frustración. La llegada de la empresa hondureña MILLFOODS, presentada como un nuevo motor agroindustrial para la región, hoy representa una herida abierta para decenas de trabajadores, técnicos, constructores, y para el sindicato que creyó en el proyecto.
MILLFOODS llegó a Guanajuato de la mano de actores empresariales influyentes, prometiendo inversión, innovación y empleos. En una ciudad que había quedado rezagada del mapa de desarrollo —tras el fallido intento de atraer una planta automotriz—, la instalación de una nueva planta de procesamiento de harinas parecía, por fin, una buena noticia.
Pero la realidad fue otra. La empresa subcontrató empresas, proveedores, personal local y técnicos especializados, bajo la premisa de que el financiamiento estaba garantizado. Lo que no sabían era que MILLFOODS —lejos de cumplir— comenzaría a retrasar pagos, hacer cambios improvisados en la obra, y desentenderse de sus responsabilidades contractuales y sociales.
“Recibíamos instrucciones contradictorias todo el tiempo. Mandaban personal sin experiencia, modificaban estructuras sin criterio técnico. Nunca hubo claridad en el proyecto”, señala Pedro N, encargado de obra enviado desde Monterrey y uno de los primeros en alzar la voz.
Entre los contratistas hay quienes lo describen sin rodeos: “Era evidente que no sabían lo que estaban haciendo. Se gastaron el triple de lo necesario por errores que se pudieron evitar desde el principio”.
Pero el impacto no se limita a lo técnico. La cadena de impagos de MILLFOODS generó una deuda millonaria con organizaciones de trabajadores, que movilizaron a más de 500 empleados locales para la obra.
“Para una empresa extranjera, cinco millones pueden parecer poco. Para nosotros es la vida de nuestra organización. Es la comida de nuestras familias”, declaró un representante de trabajadores, que pidió mantenerse en el anonimato.
La situación se agrava cuando se contrasta este abandono con el discurso público de MILLFOODS. En su sitio web y en entrevistas recientes, la empresa presume ser un modelo de sustentabilidad, transparencia y expansión. De hecho, mientras incumple en Salamanca, hasta anunció una inversión de 200 millones de dólares para abrir una nueva planta en Querétaro.
¿Cómo puede una empresa que deja deudas, obras inconclusas y conflictos laborales en Guanajuato invertir libremente en otro estado sin responder por sus responsabilidades previas?
Más aún, existen sospechas de que la empresa no ha cumplido con los permisos de impacto ambiental ni los pagos municipales correspondientes. La nave industrial, que iba a ser un ejemplo de eficiencia agroindustrial, hoy es una estructura prácticamente concluida pero con una afectación multimillonaria.
El caso de MILLFOODS no es solo un fraude a una empresa constructora o a un sindicato. Es un síntoma de un modelo de inversión sin reglas, donde empresas extranjeras pueden llegar, prometer, explotar y desaparecer —dejando detrás comunidades rotas, empleos perdidos y un daño social profundo.
Lo que si se sabe es que ya arrancaron acciones legales. Se han activado fianzas, se han documentado incumplimientos y se están preparando recursos legales formales. Pero, como suele suceder, el camino jurídico será largo. Por eso, hoy comienza también una exigencia pública:
Que MILLFOODS pague lo que debe. Que rinda cuentas. Que no repita este mismo patrón en Querétaro ni en ningún otro lugar de México.
La justicia no solo se pelea en tribunales. También se pelea en el terreno de la verdad.
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