Las movilizaciones de transportistas y campesinos anunciadas para efectuarse en al menos 20 estados del país se fundamentan en una serie de exigencias críticas centradas en la seguridad y la viabilidad económica del sector.
Con base en videos, las movilizaciones no estuvieron muy nutridas como los quejosos esperaban, luego de su advertencia de casi dos semanas de anticipación.
Entre sus principales demandas destacan la implementación de vigilancia permanente en carreteras federales a cargo exclusivo de la Guardia Nacional, el cese de las extorsiones en puntos de revisión y la creación de una fiscalía especializada en delitos contra el transporte de carga pesada.
Asimismo, el gremio solicita la eliminación del IEPS al diésel, apoyo a las familias de operadores asesinados y el reintegro de subsidios directos para productores de granos básicos.
Al frente de este movimiento desarrollado este lunes, se encuentra David Estévez Gamboa, dirigente nacional de la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC), quien representa primordialmente a los operadores independientes y pequeños propietarios, conocidos en el sector como «hombres-camión».
Estévez Gamboa ha ganado relevancia como portavoz desde finales de 2024, cuestionando la efectividad de las mesas de diálogo con el gobierno federal y denunciando el incumplimiento de acuerdos pactados en movilizaciones previas.
REGISTRAN HASTA 40 ASALTOS
Las urgencias de estas protestas se sustentan en cifras alarmantes; según Jeannet Chumacero, vicepresidenta de la ANTAC, en el país se registran entre 30 y 40 robos diarios a transportes de carga.
Lo más grave es que el 80% de estos asaltos se cometen con violencia, resultando frecuentemente en la desaparición o el asesinato de los conductores.
De hecho, la organización reporta que en lo que va del año aproximadamente 10 operadores han desaparecido, y se han confirmado decesos tras privaciones de la libertad.
En contraste, la Secretaría de Gobernación (Segob) minimiza el impacto de la jornada, calificándola como una movilización focalizada. Rosa Icela Rodríguez Velázquez, titular de la dependencia, informó que sólo se detectaron actividades en nueve entidades federativas, con una participación estimada de apenas 575 personas y 11 bloqueos parciales.
La postura oficial de la autoridad sostiene que no hay justificación para el paro, dado que afirman que han destinado más de 3 mil 400 millones de pesos (mdp) para apoyar a productores del campo y mantienen canales de comunicación abiertos con todo el sector.
Finalmente, el movimiento evidencia una fractura dentro del gremio, toda vez que diversas organizaciones de peso se deslindaron de los cierres viales. Agrupaciones como AMOTAC, Concamin, Canacar, ANPACT y CANAPAT, así como colectivos agrícolas como «Amigos por el Campo», manifestaron que no existen motivos para afectar a terceros y optaron por continuar con las vías institucionales de negociación.
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