Por Jorge Ramón Rizzo*
Cayó la guillotina sobre Rosa Bello Pérez y dejó de ser la directora jurídica de Petróleos Mexicanos (Pemex). Cuál si hubiese sido embarazo: Desde hace 9 meses se hablaba de su inminente salida y la llegada de Patricia Duque Aguilar o Diana Martínez Iribarren; siendo ésta última por quien se decidió el director general Victor Rodriguez Padilla y se hizo oficial a partir el 25 de marzo.
Déjeme primero contarle el contexto en el que se genera la salida de Bello Pérez, ya que la exdirectora jurídica de Pemex, fue parte activa en diversas controversias durante su gestión, centradas principalmente en cambios administrativos y falta de transparencia en la revisión de contratos. Cómo en febrero de 2025, cuando emitió el oficio DJ-019-2025 que pretendía suspender la revisión jurídica obligatoria de empresas, licitaciones y contratos para el resto del año y tras ser exhibida en medios de comunicación por el riesgo de corrupción que esto implicaba, tuvo que dar marcha atrás a la medida.
Creció su distanciamiento con titulares del sector y se aisló notoriamente. Quizá la gota que derramó el vaso sucede en julio de 2025, y ahí prácticamente se decidió su salida de Pemex, cuando fue acusada de no informar a la Secretaria de Energía, Luz Elena González, sobre la existencia y detalles de ciertos «contratos mixtos» de Pemex que pusieron en riesgo la operación de áreas fundamentales.
Nueve meses después, se concreta el cambio oficial en la dirección jurídica de Petróleos Mexicanos, para que llegue a esta área estratégica la abogada Diana Martínez Iribarren, quien como subdirectora de Asuntos Especiales vino trabajando discreta pero efectivamente durante todos estos meses de tempestades en la paraestatal.
Diana Martínez Iribarren, en las plataformas de transparencia y declaraciones patrimoniales, muestra un crecimiento gradual acordé al escalafón jurídico de la empresa, sin saltos que sugieran un favorecimiento externo evidente; en el que ella ha sido gerente jurídica del sector Contencioso Administrativo, apoderada legal de Empresas Productivas Subsidiarias y últimamente subdirectora de Asuntos Especiales de la misma Dirección Jurídica.
Ya como subdirectora jugó un rol relevante, toda vez que ella participó en la gestión legal para la aprobación y publicación del nuevo Estatuto Orgánico de Pemex; este marco legal permitió la no menor extinción de subsidiarias como Pemex Exploración y Producción (PEP) y Pemex Logística, integrando sus funciones directamente en la empresa matriz, supuestamente para mayor eficiencia. También le tocó establecer las bases jurídicas para el Plan Estratégico 2025-2035, que busca la autosuficiencia energética y que fue presentado en su momento por la Presidenta Claudia Sheinbaum.
Desde hace muchas semanas, Martínez Iribarren, como subdirectora especial venía apareciendo como suplente por ausencia de la directora jurídica a sesiones del Consejo; especialmente en la modificación de disposiciones generales de contratación para Pemex y sus Empresas Productivas Subsidiarias, lo que hizo crecer la versión de que los días de Rosa Bello Pérez estaban contados y era inminente su salida.
El nombre de la otra subdirectora que se manejó para asumir la titularidad jurídica es el de Patricia Duque Aguilar, quien a pesar de ser muy cercana a Víctor Rodríguez Padilla, fue objeto de críticas de colegas comunicadores, tanto en columnas de opinión como en reportes periodísticos, que señalaron presuntas deficiencias técnicas en su área, que generó retrasos en la toma de decisiones legales y «cuellos de botella» administrativos que afectaron la relación con proveedores y contratistas. Eso la habría dejado fuera de la posibilidad de quedarse con la posición.
Lo real es que Pemex se encuentra frente a riesgos significativos de operatividad, transparencia y seguridad jurídica para inversionistas y socios privados, ya que desde 2025 la transición de «Empresa Productiva del Estado» a «Empresa Pública del Estado», lejos de ofrecer estabilidad, este viraje jurídico, marcado por la centralización de funciones, genera mucha incertidumbre. Así que el papel de la nueva directora jurídica tendrá sobre sí todos los reflectores.
Los empresarios relacionados con Pemex que fueron consultados por Focus Group ven como un «riesgo mayor» la transformación de la naturaleza de los contratos, pasando de un régimen de derecho mercantil a uno de derecho administrativo. Esto otorga mayores prerrogativas al Estado, permitiendo que Pemex priorice el abasto sobre la rentabilidad comercial.
La salida de Rosa Bello Pérez pone fin a una pugna de poder interna que tenía locos a muchos en la Torre de la colonia Anzures. Y deja al descubierto que más allá de grillas entre Luz Elena Gonzalez y Víctor Rodríguez Padilla, son capaces de ponerse de acuerdo para implantar orden en casa.
Así que mientras la producción enfrenta desafíos estructurales y una enorme deuda, la reingeniería legal parece priorizar el control central sobre la viabilidad técnica y financiera. La incertidumbre jurídica será, lamentablemente, el sello distintivo de Pemex en los próximos años si no se garantizan contrapesos técnicos y transparencia en sus decisiones legales. No la tienen fácil, es lo que llamaríamos una verdadera «rifa de tigre».
*Periodista/Tlaxcala
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