- La inclusión implica no sólo estructuras, sino cambios de mentalidad.
- El gran impacto de una reforma lo generan las personas.
- Trascendental los trabajadores para crear nuevas culturas de inclusión.
La reforma judicial tiene un alto compromiso con los grupos vulnerables y esto implica un cambio trascendental en la mentalidad de los juzgadores e impartidores de justicia, dijo Rufino H. León Tovar, magistrado presidente de la Primera Sala en el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje.
La reforma judicial, en muchos casos, no solo implica ajustes legales o estructurales, sino también un cambio profundo en la mentalidad y cultura de quienes integran el sistema de justicia dijo H. León Tovar.
“Esto es fundamental porque el impacto de cualquier reforma depende, en gran medida, de cómo los individuos que aplican la ley entienden, asimilan y operan bajo las nuevas reglas”, mencionó el jurista.
Ejemplificó: “si se busca que los jueces adopten prácticas más transparentes, se centren en los derechos humanos, la equidad de género o tengan un entendimiento más profundo del contexto social, se debe fomentar un sentido más arraigado de la independencia judicial, integridad y responsabilidad”.
Entonces, para garantizar justicia adecuada y efectiva para grupos vulnerables, es crucial abordar varios aspectos clave como el acceso igualitario, sensibilización y capacitación, protección contra la revictimización y políticas inclusivas, enumero H. León Tovar.
Para generar el acceso igualitario, el Magistrado dijo que deben eliminar barreras económicas, culturales y físicas que dificulten el acceso de estos grupos al sistema judicial. Esto puede incluir “ofrecer asistencia jurídica gratuita, intérpretes y herramientas accesibles”.
Respecto a la capacitación y sensibilización, el jurista dijo que es esencial que los jueces, abogados y otros actores del sistema judicial reciban formación sobre los desafíos específicos como la discriminación, violencia de género, prejuicios raciales o discapacidad.
- León Tovar, por otra parte, dijo que es crucial la protección contra la revictimización y el sistema debe proteger a las personas vulnerables para que no sufran nuevamente durante el proceso judicial, al tiempo que se asegura confidencialidad y trato digno.
En cuanto a las políticas inclusivas, las leyes y reformas deben considerar las necesidades particulares de los grupos vulnerables y adaptarse a contextos y prioridades únicas.
Finalmente, “incorporar miembros de los grupos vulnerables en el sistema judicial puede enriquecer la perspectiva y empatía hacia las situaciones de estas personas”, dijo el Magistrado.
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