A nombre del Grupo Parlamentario de MC (GPMC), la diputada Ruth Salinas presentó la iniciativa para tipificar este delito e imponer una multa de hasta 905 mil 120 pesos.
El delito aplica a quien reclute forzadamente algún niño, niña o adolescente con el objeto de formar parte de una pandilla; fabricar, portar, usar o traficar armas prohibidas con fines ilícitos; o realizar vigilancia, mensajería, transporte, entrega o custodia de objetos relacionados con actividades ilícitas.
La bancada de MC propuso imponer hasta 60 años de prisión y multa de ocho mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), equivalentes a 905 mil 120 pesos al valor actual, a quien reclute forzadamente algún niño, niña o adolescente, con el objeto de formar parte de una pandilla; fabricar, portar, usar o traficar armas prohibidas con fines ilícitos; o realizar vigilancia, mensajería, transporte, entrega o custodia de objetos relacionados con actividades ilícitas.
De acuerdo con la iniciativa de reforma al Código Penal estatal, a la que dio lectura la diputada Ruth Salinas Reyes, también comete este delito de reclutamiento forzado quien obligue a menores de edad a participar directa o indirectamente en la comisión de cualquier conducta ilícita prevista en ese código.
El documento precisa que la pena máxima de 60 años se aplicaría cuando el reclutamiento sea cometido por el padre, madre, tutor, ascendiente o cualquier persona que, por su posición de autoridad o confianza, tenga a la víctima bajo su custodia, guarda o educación y se ejerza violencia física o psicológica contra la víctima.
Además, cuando la víctima se encuentre en condición de orfandad, situación de calle, abandono familiar, discapacidad o migración; cuando sea cometido por una persona servidora pública —en ejercicio de su cargo o con abuso de sus funciones—; y cuando la finalidad de la asociación delictuosa o la pandilla sea cometer delitos graves.
Cabe señalar que, cuando no se configuren estas agravantes, las sanciones serán de 30 años de cárcel y cuatro mil veces el valor diario de la UMA (452 mil 560 pesos al valor presente).
La iniciativa expone que este delito no se encuentra debidamente tipificado en la entidad, pues sólo algunas de las conductas que configuran el reclutamiento forzado se consideran en el Código Penal, en su apartado denominado “De las personas menores de edad y quienes no tienen la capacidad para comprender el significado del hecho”, con penas no mayores a 10 años de prisión. Debido a ello, se plantea incorporar al código el capítulo específico “Delito de Reclutamiento Forzado de Niñas, Niños y Adolescentes”.
Explica también que, en 2022, datos de la Secretaría de Gobernación del gobierno federal registraron 20 mil 327 niñas, niños y adolescentes que fueron reportadas en esta situación en la entidad, de las cuales una de cada cinco (equivalente a 3 mil 951) se encontraba en calidad de desaparecida o no localizada.
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