La diputada María Del Rosario Guzmán Avilés (PAN) presentó una modificación a la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, a fin de que cuando la víctima de secuestro sea una niña o niño menor de tres años de edad, la pena (que actualmente es de cuarenta a ochenta años de prisión y de mil a cuatro mil días multa) se incremente hasta en una mitad en su mínimo y en su máximo.
Lo anterior, indica la reforma al artículo 10 de dicha ley, en razón de la alta peligrosidad del acto y la extrema indefensión de la víctima. La iniciativa fue turnada a la Comisión de Justicia.
Señala, en su exposición de motivos, que el secuestro es una de las actividades ilícitas más graves y lacerantes para la sociedad mexicana, debido en gran parte a que no afecta solo a la víctima directa sino a sus familiares y entorno inmediato.
Y –agrega– resulta aún más riesgoso este delito cuando es cometido durante la primera infancia, especialmente en la etapa comprendida entre los cero y tres años, la cual es de crucial importancia en el desarrollo físico y mental de las y los menores, además de que necesitan en todo momento la presencia de sus padres.
En esa etapa de la vida, el apego es de gran relevancia y va más allá de una cuestión meramente emocional, ya que en ese momento del desarrollo existen requerimientos como los cuidados preventivos, revisiones médicas, vacunación o vigilancia nutricional y, sobre todo, la necesidad biológica de la lactancia, subraya.
Resalta que, aunado a dichas necesidades, cuando las y los menores son sometidos a tratos violentos o hechos traumáticos como un secuestro, suelen experimentar secuelas durante el resto de sus vidas.
Menciona que según expertos las personas expuestas a edad temprana al trauma y al estrés crónico tienen una mayor probabilidad de padecer trastornos de ansiedad, depresión, diabetes, problemas de salud mental, adicciones y obesidad.
De acuerdo con las cifras de incidencia delictiva del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, uno de cada 10 secuestros registrados en México, de enero de 2015 a diciembre de 2024, ha tenido como sus víctimas a niñas, niños y adolescentes, precisa.
Por ello, destaca se necesita modificar el artículo 10 de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, para que quien cometa “tan deleznable acto tenga una sentencia aún mayor”.
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