El Poder Judicial de la Federación (PJF) formalizó la creación y operación del Órgano de Evaluación del Desempeño Judicial, instancia encargada de analizar de manera sistemática la actuación de las personas juzgadoras federales, como parte de los ajustes institucionales derivados de la reforma constitucional en materia judicial.
La puesta en marcha del órgano quedó establecida en el Acuerdo General 6/2025, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de enero de 2026. De acuerdo con el documento, la evaluación abarcará tanto a las personas juzgadoras que resultaron electas en el proceso electoral de junio de 2025, como a quienes forman parte de la carrera judicial y continúan desempeñando funciones jurisdiccionales.
El Órgano de Evaluación del Desempeño Judicial será presidido por el magistrado de circuito Juan Carlos Zamora Tejeda, con una trayectoria de más de tres décadas dentro del Poder Judicial. Su actuación se realizará conforme a los lineamientos y criterios emitidos por el Tribunal de Disciplina Judicial, presidido por Celia Maya García, instancia responsable de establecer el marco de supervisión y control.
Entre las atribuciones del nuevo órgano se encuentra la revisión del desempeño jurisdiccional, la tramitación de los asuntos en tiempo y forma, el dictado oportuno de sentencias y la resolución imparcial de los conflictos sometidos a conocimiento de los órganos jurisdiccionales federales. Asimismo, se prevé la verificación del cumplimiento de los requisitos legales, profesionales y éticos establecidos en la Constitución y en las leyes aplicables.
El acuerdo señala que este mecanismo busca fortalecer la rendición de cuentas y contar con herramientas institucionales que permitan dar seguimiento permanente al ejercicio de la función jurisdiccional, en el contexto del nuevo modelo de evaluación y disciplina del Poder Judicial de la Federación.
Con la entrada en operación del Órgano de Evaluación, el PJF incorpora un esquema formal de análisis del desempeño judicial, orientado a la supervisión continua y al fortalecimiento de la confianza en la impartición de justicia federal.
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