Los presidentes de Brasil y Colombia, Luiz Inácio Lula da Silva y Gustavo Petro, insistieron este sábado en la necesidad de difundir las actas electorales «desglosadas por mesa de votación», tras la convalidación del Tribunal Supremo de Venezuela a la victoria de Nicolás Maduro, del que «tomaron nota».
«Ambos presidentes siguen convencidos de que la credibilidad del proceso electoral solo podrá restablecerse mediante la publicación transparente de datos desglosados y verificables», afirmó una declaración conjunto de ambos países.
Lula y Petro acordaron una posición común sobre el proceso electoral venezolano tras sendas conversaciones telefónicas mantenidas el viernes y este sábado, según la información divulgada por la Presidencia brasileña.
Los dos jefes de Estado reafirmaron que «la normalización política de Venezuela» pasa por «el reconocimiento de que no existe una alternativa duradera al diálogo pacífico y a la convivencia democrática en la diversidad».
Asimismo, llamaron «a todos los involucrados a evitar recurrir a actos de violencia y represión».
Por otro lado, Lula y Petro «tomaron nota» de la decisión del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela de convalidar la victoria de Maduro en las elecciones presidenciales del 28 de julio, cuestionada por buena parte de la comunidad internacional.
En este sentido, reiteraron que «siguen aguardando» la publicación, por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE), de «las actas desglosadas por mesa de votación».
El CNE proclamó ganador a Maduro sin haber publicado los resultados desagregados, mientras que la mayor coalición opositora, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), asegura que Edmundo González Urrutia, ganó la contienda con un amplio margen.
«Cabe recordar los compromisos asumidos por el Gobierno y la oposición mediante la firma de los Acuerdos de Barbados, cuyo espíritu de transparencia debe ser respetado», subrayaron Brasil y Colombia.
La declaración de ambos países era esperada después del comunicado que divulgaron el viernes once países americanos (Chile, Argentina, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, Panamá́, Paraguay, Perú́, República Dominicana y Uruguay) y en el que rechazaron el aval del Supremo a Maduro.
Los Gobiernos de esos once países pusieron en duda el fallo de la corte venezolana, sobre la que alertaron de su «falta de independencia e imparcialidad».
Sin embargo, Brasil y Colombia no entraron a valorar el fallo del Supremo y, en cambio, insistieron en que «mantienen abiertos sus canales de comunicación con las partes» y reforzaron «su disposición a facilitar el entendimiento entre ellas».
Por último, Lula y Petro manifestaron «su total oposición a la continuada aplicación de sanciones unilaterales como instrumento de presión», las cuales consideran «contrarias al derecho internacional y perjudiciales para «la población de los países sancionados, en especial para los sectores más vulnerables».
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