La diputada Evangelina Moreno Guerra (Morena) impulsa una iniciativa de reformas a la Ley Federal de Defensoría Pública, con el fin de que las personas sean orientadas, representadas y defendidas en materia de salud y medio ambiente, para salvaguardar sus derechos en la materia.
Para ello, plantea incluir en la ley que los defensores públicos y asesores jurídicos están obligados a una eficaz representación ante la salvaguarda del derecho a la salud y al ambiente sano.
Precisa que los servicios de asesoría jurídica se prestarán preferentemente a las personas a las que se les afecte o pongan en riesgo esos derechos, derivado de conductas que dañan o ponen en riesgo el ambiente.
Entre otros cambios, indica que la Escuela Nacional de Formación Judicial tendrá la atribución de llevar a cabo la capacitación de los asesores jurídicos que asumirán la orientación y representación de las personas afectadas en esos derechos.
La reforma, turnada a la Comisión de Justicia, busca contribuir al fortalecimiento de la justicia en nuestro país, al proporcionar un espacio de defensa pública que haga efectivos derechos constitucionales de primera relevancia para la existencia humana, tanto de las generaciones presentes como de las futuras.
Se alinea a los propósitos vigentes de la actual política de investigación científica del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías que se ejecuta a través del programa Agentes Tóxicos y Procesos Contaminantes, el cual promueve agendas de investigación e incidencia que impulsan los derechos colectivos a la salud, ambientales y territoriales, y mejoran las condiciones salubres, la calidad de vida y el bienestar de las comunidades afectadas, así como la restauración de los ecosistemas dañados.
Refiere que las personas expuestas a agentes contaminantes, como el asbesto, ven violentado su derecho constitucional a la salud y medio ambiente sano, sin que cuenten con los recursos legales ni económicos que les permita una debida orientación, representación y defensa.
Por ello, el objeto de la defensoría pública se debe ampliar al grado de ser el ente público que se solidarice con las personas afectadas por agentes tóxicos y contaminantes en salvaguarda a sus derechos a la salud y a un ambiente sano.
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