Sectores hotelero y empresarial advierten riesgos por Zascita

Ciudad de México.- La posible entrada de la empresa Zascita de México al mercado de seguridad privada en Baja California Sur ha encendido alertas en el sector empresarial y hotelero del estado. Aunque la compañía se presenta como una firma de “seguridad de alto nivel”, su historial público revela vínculos con estructuras societarias opacas y señalamientos periodísticos por presuntamente operar mediante prestanombres. De acuerdo con una investigación publicada en febrero de 2023 por el medio El Independiente, Zascita fue constituida en 2017 con socios nominales que habrían sido colocados para ocultar la identidad de los beneficiarios reales de la empresa, entre quienes se señalaría a personas relacionadas con el exfuncionario federal Miguel Ángel Osorio Chong. La misma investigación destaca que Zascita obtuvo con rapidez inusual permisos federales para operar como seguridad privada armada y licencia de portación de armas, un proceso que normalmente exige revisiones exhaustivas.

Los vínculos atribuidos entre Zascita y Osorio Chong abren un debate sobre el posible uso de influencias institucionales para favorecer la consolidación de negocios privados de seguridad. El reportaje indica que mientras el exfuncionario tenía autoridad sobre áreas relacionadas con otorgamiento de permisos, la empresa habría resultado beneficiada con trámites exprés. Esa coincidencia temporal, sumada a la presencia de prestanombres, plantea un potencial conflicto de interés que no ha sido esclarecido públicamente. La pregunta de quién controla realmente a Zascita se vuelve crítica al analizar su siguiente paso: su intención de operar en Baja California Sur, un estado cuya economía depende fuertemente de la integridad y protección de infraestructura turística y empresarial.

A esta ecuación se suma un segundo actor: el empresario José Carlos Mapelli Mozzi, cuya participación se ha vinculado en medios con el portafolio de inversión corporativa que respalda a Zascita. Bajo su presencia empresarial, la compañía ha recibido reconocimientos públicos y ha buscado proyectar una imagen de solidez y expansión. La incorporación de un inversionista con capacidad de financiamiento significativo permite a Zascita crecer agresivamente y competir por contratos de gran escala en nuevos territorios. Sin embargo, lejos de despejar las dudas, esa expansión aviva preocupaciones: una compañía con estructura societaria cuestionada, respaldo económico amplio y un modelo de crecimiento acelerado puede fácilmente superar a competidores a través de influencia, no necesariamente mediante transparencia o solvencia ética.

Permitir que una empresa de seguridad armada con este historial opere en Baja California Sur implicaría riesgos estratégicos para desarrollos turísticos, residenciales y corporativos que dependen de estándares rigurosos en protección patrimonial. Si se desconoce con precisión quién controla la operación, quién dirige al personal armado y bajo qué criterios se gestiona la información sensible de los clientes, el riesgo se traslada directamente a hoteles, centros comerciales, marinas, campos de golf, desarrollos inmobiliarios, aeropuertos privados y empresas que concentran grandes flujos financieros. Una filtración, complicidad o negligencia en una firma con mando opaco podría ocasionar desde robos patrimoniales hasta extorsiones, infiltración criminal o exposición de datos de alto valor.

El sector empresarial sudcaliforniano ha construido durante años un esquema propio de seguridad basado en confianza, certificaciones y trazabilidad de proveedores. Abrir la puerta a una compañía cuyo modelo de operación ha sido cuestionado a nivel nacional no sólo pondría en riesgo a los clientes directos, sino también al ecosistema económico del estado, que depende de la reputación de Baja California Sur como destino seguro. Lo que está en juego no es sólo un contrato de vigilancia: es la estabilidad de una cadena completa de valor económico que podría verse afectada si la seguridad de bienes, personas, huéspedes e infraestructura estratégica queda en manos de una empresa sin transparencia plena sobre su propiedad y mando operativo.

Baja California Sur no puede permitirse errores en seguridad privada. La protección patrimonial no debe estar condicionada por intereses políticos ni financieros, sino por la integridad institucional y la fiabilidad operativa de las compañías contratadas. Antes de permitir el ingreso de Zascita al estado, las autoridades y el sector privado tienen la responsabilidad de exigir la completa transparencia de su estructura corporativa, el esclarecimiento de quiénes son sus beneficiarios finales, la revisión de los procesos mediante los cuales obtuvo licencias armadas y la evaluación rigurosa de sus controles internos. Sin esa claridad, contratar a Zascita sería exponer a los desarrollos, hoteles y empresas de Baja California Sur a riesgos que el estado no puede ni debe asumir.

Fuentes consultadas

El Independiente, 23 de febrero de 2023 — “Operan vía prestanombres en entretenimiento, vigilancia y salud; Zascita Seguridad Privada Armada, con licencia de armas exprés”

https://elindependiente.mx/nacional/2023/02/23/operan-via-prestanombres-en-entretenimiento-vigilancia-y-salud-zascita-seguridad-privada-armada-con-licencia-de-armas-expres/