La Corte Suprema de Estados Unidos asestó el viernes un golpe al poder de los jueces federales, al restringir su capacidad para conceder alivios en los casos en que los magistrados tomaron medidas contra las políticas del presidente Donald Trump que limitan la ciudadanía por derecho de nacimiento.
El tribunal ordenó a las cortes inferiores que bloquearon la política que reconsideren el alcance de sus órdenes.
Los jueces, en un fallo de 6-3, accedieron a una solicitud del Gobierno de Trump para reducir el alcance de tres medidas cautelares de jueces federales en Maryland, Massachusetts y el estado de Washington, las que frenaron la aplicación de su directiva mientras siguen los litigios por la política.
El fallo fue redactado por la jueza conservadora Amy Coney Barrett.
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El tribunal especificó que la orden de Trump no puede entrar en vigor hasta 30 días después del fallo del viernes.
«Nadie discute que el Ejecutivo tiene el deber de cumplir la ley. Pero el Poder Judicial no tiene una autoridad ilimitada para hacer cumplir esta obligación; de hecho, a veces la ley prohíbe al Poder Judicial hacerlo», escribió Barrett.
En su primer día de regreso al cargo, Trump firmó un decreto que ordena a las agencias federales negarse a reconocer la ciudadanía de los niños nacidos en Estados Unidos que no tengan al menos un padre que sea ciudadano estadounidense o residente permanente legal.
A más de 150 mil recién nacidos se les denegaría la ciudadanía anualmente bajo la directiva de Trump, según los demandantes que la impugnaron, incluidos los fiscales generales demócratas de 22 estados, así como defensores de los derechos de los migrantes e inmigrantes embarazadas.
El caso ante el tribunal supremo fue inusual en el sentido de que la administración lo utilizó para argumentar que los jueces federales carecen de autoridad para emitir medidas cautelares a nivel nacional, o «universales».
Los jueces federales han tomado medidas que incluyen la emisión de órdenes a nivel nacional que impiden el uso agresivo del decreto de Trump para impulsar su agenda.
Los demandantes argumentaron que la directiva de Trump iba en contra de la 14ª Enmienda, que fue ratificada en 1868 tras la Guerra Civil de 1861-1865, que puso fin a la esclavitud en Estados Unidos.
La cláusula de ciudadanía de la 14ª Enmienda establece que todas las «personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos, y sujetas a su jurisdicción, son ciudadanos de Estados Unidos y del estado en el que residen».
El Gobierno sostiene que la 14ª Enmienda, que desde hace tiempo se entiende que confiere la ciudadanía a prácticamente cualquier persona nacida en Estados Unidos, no se aplica a los inmigrantes que se encuentran en el país de forma ilegal o incluso a los inmigrantes cuya presencia es legal pero temporal, como los estudiantes universitarios o los que tienen visados de trabajo.
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