• El uso de la violencia, factor de primera instancia en Tlalnepantla
Tres altos funcionarios de la Secretaría de Seguridad fueron arrestados y presentados ante el Ministerio Público por utilizar el aparato del Estado para cogobernar, administrar y proteger las operaciones territoriales de la delincuencia organizada.
Tanto el director de Defensa Jurídica y los encargados de autorizar a las empresas de seguridad privada en la entidad fueron detenidos con el Operativo Enjambre, con el cual siguen desmantelando la infiltración criminal en las áreas administrativas que debían combatirla. La corrupción no burló los filtros de seguridad del Estado; la corrupción era quien administraba los filtros.
Lo que deja de manifiesto que la amenaza criminal no está en las calles, despacha en las oficinas de gobierno, por ello las mesas de paz son demagogia, así como el combate a la inseguridad pues tanto a nivel estatal como en las presidencias municipales, los operativos no logran los objetivos y la inseguridad aumenta debido a que muchos alcaldes protegen a policías o tienen nexos con grupos delictivos convirtiéndose en narco gobiernos y represores.
A finales del 2024 la maquinaria delictiva opera en la entidad con presupuesto oficial y gafetes gubernamentales. A la fecha, la fiscalía estatal acumula 60 servidores públicos detenidos y 19 sentencias condenatorias y la red de complicidad no distingue colores partidistas donde se incluye a 14 presidentes municipales, uno de ellos Tlalnepantla (con lo que hicieron sus policías este sábado pasado), y otras decenas de mandos policiales.
Las carpetas de investigación han comprobado abusos de autoridad y complicidad de grupos delictivos como el caso de la expresidenta municipal de Amanalco, María Elena Martínez Robles, quien acaba de recibir una sentencia de 70 años de prisión por el delito de homicidio calificado. El ex comisario de Acambay, Eulises González, suma condenas por 115 años de prisión tras comprobarse que ordenaba la privación ilegal de la libertad de comerciantes locales y la desaparición forzada de otros mandos policiales de la región.
En tanto, expedientes del Poder Judicial mexiquense documentan a alcaldes y directores de policía actuando como cabecillas tácticos de la delincuencia. La métrica del poder local evolucionó: el control de los municipios ya no se mantenía con cabildeo en los congresos, sino con el uso directo de la violencia letal financiada desde las tesorerías., por lo que la purga institucional expone la verdadera magnitud del colapso del Estado de Derecho.
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