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El diputado Paulo Gonzalo Martínez López (PAN) impulsa reformas para que las personas físicas y morales que administren o gestionen servicios a través de plataformas digitales, en su carácter de patrón, tengan la obligación de garantizar a las y los trabajadores que realicen servicios de reparto en motocicleta durante el tiempo laborado, una cobertura de seguro.

La reforma al artículo 291-K de la Ley Federal del Trabajo, precisa que dicho seguro deberá amparar, como mínimo, accidentes, lesiones y daños a terceros derivados de la prestación del servicio, sin perjuicio de las obligaciones de aseguramiento y seguridad social previstas en esta Ley y demás disposiciones aplicables.

La iniciativa, turnada a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, en su exposición de motivos señala que en México miles de personas encuentran en las plataformas digitales una fuente de ingreso mediante actividades de reparto y entrega de alimentos, productos y mercancías.

Menciona que quienes realizan entregas en motocicleta se encuentran expuestos a hechos de tránsito, caídas, lesiones y daños materiales que pueden ocurrir mientras cumplen una tarea para una plataforma digital.

Ante un accidente, las consecuencias pueden trascender el momento del hecho y convertirse en gastos médicos, daños materiales, pérdida temporal o permanente de ingresos y, en los casos más graves, afectar directamente el patrimonio y la estabilidad económica de una familia, precisa.

Expone que la Ley Federal del Trabajo ya reconoce un régimen específico para las personas trabajadoras en plataformas digitales y establece obligaciones particulares para las empresas que administran o gestionan servicios mediante estas herramientas; sin embargo, este marco reconoce la necesidad de adaptar la legislación laboral a las nuevas formas de organización del trabajo y contempla obligaciones relacionadas con la seguridad social y la salud.

El diputado Martínez López resalta que se busca avanzar hacia un modelo de trabajo en plataformas digitales que combine innovación, libertad económica, generación de ingresos y responsabilidad. “Se trata de reconocer que detrás de cada aplicación, pedido y entrega existe una persona que trabaja, se expone y merece protección”.

Considera que proteger a quienes realizan reparto mediante motocicleta no significa obstaculizar el funcionamiento de las plataformas digitales ni impedir que continúe desarrollándose este sector sino establecer una regla elemental de responsabilidad, ya que si una persona está trabajando debe contar con condiciones mínimas que le permitan regresar a casa con seguridad y, si ocurre un accidente, no enfrentar sola sus consecuencias económicas.

Aclara que su iniciativa no propone crear una nueva estructura administrativa, establecer un fondo público ni imponer obligaciones generales a todas las personas trabajadoras. Al contrario, plantea únicamente que las plataformas que utilizan este modelo de trabajo asuman una responsabilidad mínima frente a los riesgos que acompañan directamente la prestación del servicio de reparto en motocicleta.