El Pleno de la LXII Legislatura mexiquense aprobó sancionar a quienes, haciendo uso de las tecnologías de información, violenten sexualmente a otra persona, duplicando las penas si se trata de menores de edad.
Con la reforma, impulsada por el diputado Carlos Martínez Zurita, se otorgan mayores atribuciones a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes.
Por unanimidad, el Congreso mexiquense aprobó sanciones de hasta 16 años y 800 Unidades de Medida de Actualización (UMA) —equivalente a 90 mil 515 pesos—, a quien, haciendo uso de tecnologías de la información y la comunicación o cualquier otro medio escrito, electrónico o de mensajería, pretenda o logre concertar un encuentro o acercamiento físico con menores de edad para obtener concesiones de índole sexual o material audiovisual con contenido explícito.
Con la iniciativa, avalada durante sesión deliberante y promovida por el diputado Carlos Antonio Martínez Zurita Trejo, se establece que habrá penas de hasta ocho años de prisión y una multa de 45 mil 256 pesos (400 UMA) para quien cometa este delito contra cualquier persona.
Sin embargo, las sanciones se elevarán al doble si el delito se comete contra menores de edad, personas que requieran apoyos para comprender el significado de los hechos, o contra quien demande apoyos extraordinarios (independientemente de que exista coacción, intimidación, hostigamiento, amenazas y engaños).
“La violencia contra la infancia no puede seguir siendo una sombra de nuestro futuro, es nuestra responsabilidad seguir reforzando el marco legal para poder erradicarla. No podemos ser espectadores de esta realidad, debemos, como Legislatura, ser actores de esta solución, porque la indiferencia en política, muchas veces, es complicidad”, aseguró desde tribuna el legislador.
Tras señalar que la reforma beneficiará a 3.2 millones de niñas y niños mexiquenses, agradeció a la sociedad civil, en particular a Valeria González Ruiz, coordinadora de Vinculación e Incidencia en Políticas Públicas de Early Institute, por enriquecer la propuesta.
De acuerdo con el dictamen de la iniciativa, leído por el parlamentario Román Francisco Cortés Lugo (PAN) —quien resaltó la relevancia de proteger a las y los menores mexiquenses —, se establece un papel determinante a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes en la valoración del perdón legal cuando las víctimas sean menores de edad.
Asimismo, se integran medidas para la protección inmediata de víctimas menores, en coordinación con autoridades judiciales, de salud y procuración de justicia, con un enfoque integral, sin discriminación y sin revictimización.
Además, coloca los derechos de la infancia en el centro de las políticas públicas, frente a problemáticas como la violencia, la desigualdad, la impunidad y el abandono, con la intención de avanzar hacia una sociedad más justa y segura.
Mediante la iniciativa que reformará el Código Penal, la Ley de Víctimas, el Código Administrativo y la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes —todos de carácter estatal— se aplica el principio del interés superior de la niñez en todos los delitos cometidos contra este grupo poblacional.
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