Jorge Romero Herrera, presidente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), solicitó profundizar las investigaciones sobre las presuntas irregularidades cometidas en la contratación de materiales electorales en el Instituto Nacional Electoral (INE) y extender la revisión a todos los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE) de la República Mexicana.
A través de un comunicado emitido este domingo, la dirigencia del partido opositor sostuvo que la salida de la exconsejera presidenta Guadalupe Taddei Zavala, concretada el pasado 26 de octubre, no debe significar el cierre ni la interrupción de los procedimientos orientados a transparentar las asignaciones y operaciones financieras de su gestión.
La posición blanquiazul se produce en medio del conocimiento de nuevos elementos sobre contrataciones de gran escala, posibles conflictos de interés y nexos entre funcionarios y particulares.
RED DE CONTRATISTAS Y MONTOS ADJUDICADOS EN 17 ESTADOS
De acuerdo con indagatorias oficiales y periodísticas, un conglomerado de empresas relacionadas con el empresario José Alfredo Hernández Casillas obtuvo asignaciones de contratos por un monto estimado de 1,803 millones de pesos en instancias electorales distribuidas en al menos 17 entidades federativas.
Entre las compañías bajo fiscalización y revisión de las autoridades competentes se encuentran Cajas Graf así como Formas Finas y Materiales.
Dichas firmas han acumulado múltiples contratos con el propio INE y con órganos locales, abarcando adjudicaciones directas recientes entre las que figuran los insumos destinados a la organización del proceso electoral judicial de 2025.
AMPLIACIÓN DE AUDITORÍAS DE LA ASF Y BLOQUEO FINANCIERO DE LA UIF
Ante este escenario, la Auditoria Superior de la Federación (ASF) amplió el espectro de sus investigaciones para fiscalizar los contratos de adquisiciones de servicios y materiales electorales celebrados por el antiguo IFE, el INE y los OPLE en el periodo comprendido entre los años 2000 y 2025.
Cabe señalar que en 2023 el empresario Hernández Casillas y sus empresas asociadas fueron incorporados en la lista de personas y firmas bloqueadas de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), aunque lograron revertir de forma temporal dicha inmovilización mediante juicios de amparo para continuar obteniendo contrataciones públicas.
Posteriormente, el pasado 4 de noviembre, la UIF anunció la inclusión de 25 personas físicas y 15 personas morales a la Lista de Personas Bloqueadas tras detectar elementos de riesgo e inconsistencias en operaciones financieras con proveedores electorales, formalizando además una denuncia de hechos ante la Fiscalía General de la República (FGR).
A la par de estas acciones, el Consejo General del INE aprobó el 5 de noviembre un acuerdo administrativo de carácter extraordinario para solicitar la fiscalización urgente de la ASF y ordenar la preservación obligatoria de los expedientes físicos y electrónicos de sus procesos de contratación.
EXIGENCIA DE DESLINDE DE RESPONSABILIDADES Y BLINDAJE HACIA 2027
Al fijar la postura de su partido, Romero Herrera aseveró que el órgano electoral no puede dar carpetazo al caso tras la salida de su titular: “No puede quedarse el Instituto Nacional Electoral solamente con una sustitución de su titular y ya, y darle vuelta a la hoja como si no hubiera pasado nada”.
El dirigente del PAN advirtió sobre el riesgo que representan estas inconsistencias en la organización de futuros comicios, expresando: “Estamos muy preocupados de que si se simularon contrataciones pretendan simular elecciones. Tenemos que blindarlas”.
Finalmente, el líder panista cuestionó el respaldo político otorgado en su momento a Taddei Zavala por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, señalando los nexos de sus familiares con gobiernos emanados de Morena e instando al oficialismo a asumir su responsabilidad política.
Asimismo, demandó garantizar total transparencia e independencia en el nombramiento de la nueva presidencia del INE para otorgar certeza de cara a las elecciones de 2027.
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