El diputado César Israel Damián Retes (PAN) propuso reformar la Ley Federal del Trabajo para ampliar la licencia de maternidad con goce de sueldo, a cincuenta y dos semanas después del parto, de las cuales, seis podrán disfrutarse antes de la fecha de alumbramiento, con el propósito de fortalecer la protección de las madres trabajadoras y garantizar mejores condiciones de salud y cuidado durante el primer año de vida de las y los menores.
La iniciativa con proyecto de decreto para reformar y adicionar diversas disposiciones del artículo 170 de dicho ordenamiento —que analizará y dictaminará la Comisión de Trabajo y Previsión Social— establece que el descanso podrá ampliarse en caso de que la hija o hijo haya nacido con cualquier tipo de discapacidad o requiera atención médica hospitalaria.
La propuesta, suscrita por diputadas y diputados integrantes de su grupo parlamentario, también estipula que, en caso de adopción de un infante, las madres trabajadoras podrán disfrutar de un descanso de cincuenta y dos semanas con goce de sueldo, posteriores al día en que lo reciban.
Asimismo, señala que, concluido el periodo señalado de 52 semanas, la madre trabajadora tendrá derecho a una licencia adicional de hasta veintiséis semanas para el cuidado del menor, sin goce de sueldo, conservando su derecho a reincorporarse al puesto que desempeñaba, siempre que no hayan transcurrido más de setenta y ocho semanas después de la fecha del parto.
Con estas reformas, señala el documento, se busca armonizar las políticas laborales con las necesidades reales de las familias, fortalecer la protección de la maternidad, promover el bienestar infantil y avanzar hacia condiciones más equitativas para las mujeres en el mercado laboral.
Indica que el empleo remunerado en México se asocia con menores niveles de lactancia, lo que evidencia la necesidad de ajustar la política del trabajo. “El esquema vigente genera una tensión entre el retorno laboral a las doce semanas y las recomendaciones de salud para la lactancia exclusiva durante seis meses”.
Señala que la protección de la maternidad establecida en la Constitución vigente fija un mínimo de seis semanas antes y seis después del parto, pero no limita la posibilidad de ampliar estos beneficios conforme a las necesidades sociales, sanitarias y económicas actuales.
Esta ampliación, subraya, es una medida de progresividad de derechos, que garantice condiciones para el cuidado y la salud materno-infantil durante el primer año de vida, sin contravenir el piso constitucional”.
Además, refiere que el Convenio 183 de la Organización Internacional del Trabajo sugiere financiar esas prestaciones mediante esquemas de seguridad social, para que no recaigan en las y los empleadores y se reduzcan las prácticas de discriminación laboral hacia mujeres en edad reproductiva.
México tiene una base institucional para financiar este tipo de beneficios a través del Seguro Social, cuyos recursos provienen de aportaciones tripartitas, pero la ampliación requerirá ajustes normativos y financieros para asegurar su viabilidad.
Argumenta que de las aproximadamente 24.3 millones de mujeres ocupadas en el país, 55.9 por ciento está en la informalidad, sin acceso a prestaciones de seguridad social y licencias de maternidad remuneradas.
Precisa que 40 por ciento de las mujeres sin empleo remunerado, brindan lactancia materna exclusiva, y en el caso de las que trabajan fuera del hogar la proporción se reduce al 14 por ciento, lo que refleja la dificultad de conciliar las exigencias laborales con las necesidades de cuidado durante los primeros meses de vida.
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