La Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados aprobó una de las llamadas ‘Ley Antimemes’, una reforma que contempla penas de uno a cinco años de prisión para quienes utilicen la identidad gráfica o dominios electrónicos de instituciones públicas con la intención de cometer un ilícito mediante el engaño.
El dictamen recibió 23 votos a favor de Morena, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT), mientras que PAN, PRI y Movimiento Ciudadano sumaron diez votos en contra. La propuesta, avalada previamente por el Senado, fue turnada a la Mesa Directiva para su discusión en el pleno.
Oposición pide proteger libertad de expresión
Durante el debate, legisladores de oposición advirtieron que la redacción de la reforma podría abrir la puerta a sanciones contra expresiones satíricas, caricaturas políticas, memes y contenidos periodísticos críticos del Gobierno.
La diputada panista Paulina Rubio Fernández cuestionó que el dictamen no incluya una excepción explícita para proteger la libertad de expresión y el trabajo de caricaturistas y periodistas.
“Todo sería tan fácil como poner explícitamente que todo esto no aplica en contra de la libertad de expresión, ni caricaturistas, ni moneros, ni parodias, ni memes, ni absolutamente nada, pero no quieren ponerlo”, señaló.
Como antecedente, mencionó el caso de un caricaturista en Jalisco denunciado por una legisladora de Morena y sancionado por violencia política de género tras publicar una parodia basada en una fotografía difundida por la propia diputada en redes sociales.
En contraste, el bloque oficialista rechazó que la reforma tenga como objetivo censurar las críticas y defendió que busca combatir el fraude, la falsificación y el uso indebido de elementos oficiales.
Multas de hasta 10 mil UMAs
La reforma al Código Penal Federal y a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial incorpora sanciones de uno a cinco años de prisión y multas de mil a 10 mil unidades de medida y actualización (UMA).
La disposición contempla el uso, reproducción, imitación o incorporación, a escala comercial, de logotipos institucionales, dominios electrónicos y documentos oficiales de instituciones públicas de los tres órdenes de gobierno, cuando estas acciones busquen inducir al error o engaño para cometer un delito.
El presidente de la Comisión de Justicia, Julio César Moreno, defendió el proyecto al señalar que pretende fortalecer la protección de la propiedad intelectual, combatir la piratería y la falsificación, y actualizar los mecanismos de reparación del daño.
La discusión de la iniciativa continuará en el pleno de la Cámara de Diputados, donde los legisladores deberán determinar si la reforma avanza en los términos aprobados por la comisión.
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