Salamanca, Gto. La empresa agroindustrial hondureña Millfoods, llegó a Guanajuato con una narrativa ambiciosa: innovación, sustentabilidad y desarrollo rural basado en el maíz no transgénico.
Sin embargo, el caso Millfoods que, a propósito mantiene un adeudo millonario con el Sindicato de Trabajadores de la Industria Metal Mecánica (SITIMM), pone en duda una de las banderas más repetidas de la nueva agroindustria en México: que es posible producir más, ser sostenibles y beneficiar a comunidades locales al mismo tiempo.
Sin respeto a los límites ambientales ni a las reglas del juego, ninguna inversión merece el título de “sustentable”. No. Si no se cumple.
Y esto nos lleva a lo siguiente: Si el gobierno estatal de Guanajuato y la Federación no actúan a tiempo, la planta de Millfoods puede convertirse no solo en un caso de incumplimiento contractual con constructores y trabajadores, sino también en un ejemplo más de cómo el discurso verde se desvanece cuando toca suelo seco.
Su planta de procesamiento, ubicada en Salamanca, fue anunciada como una de las más modernas del mundo. La planta es estratégica para la cadena cervecera mexicana, suministrando insumos clave para marcas líderes.
Pero hoy, la opacidad en torno al uso del agua y los posibles impactos ambientales del proyecto han encendido las alarmas.
Lejos del discurso optimista de inversión responsable, especialistas, comunidades y fuentes técnicas comienzan a cuestionar si Millfoods está operando con respeto al medio ambiente o si, por el contrario, está contribuyendo a agravar una crisis hídrica silenciosa que desde hace años amenaza al Bajío.
De acuerdo con datos de la CONAGUA, el acuífero de Salamanca se encuentra sobreexplotado en más de un 30%, situación que compromete tanto el acceso al agua para consumo humano como la viabilidad de las actividades agrícolas en la región. Aun así, la planta de Millfoods —una infraestructura de 13,000 m² diseñada para operar a gran escala— requiere un volumen considerable de agua para sus procesos de molienda.
Según documentos técnicos internos, el consumo estimado inicial de la planta se elevaría hasta 1.5 veces más de lo proyectado originalmente, debido a retrasos en la instalación de sistemas de recirculación, modificaciones técnicas improvisadas y alta rotación de personal especializado.
Aunque se había planeado un sistema de reutilización de agua que reduciría el consumo en un 40%, este no está operando en su totalidad.
El resultado: un posible impacto negativo directo sobre pozos comunitarios, reservas locales y la ya frágil balanza hídrica del Bajío.
¿Y los permisos? Conforme a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), cualquier planta industrial de estas características debe contar con una Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) aprobada, así como permisos federales y estatales para extracción, tratamiento y descarga de aguas.
Sin embargo, existen reportes de retrasos, pagos no completados y trámites pendientes en las licencias ambientales de Millfoods, tanto a nivel municipal como federal. La situación es más preocupante si se considera que no hay transparencia pública sobre el estado real de sus permisos, ni existe a la fecha un informe técnico accesible que detalle el balance hídrico de su operación.
Además, no hay certeza de que se esté cumpliendo la NOM-001-SEMARNAT-1996, que regula las descargas de aguas residuales en cuerpos receptores. De confirmarse la omisión, el riesgo de contaminación de ríos y mantos freáticos sería real y grave.
Pobladores cercanos a la planta han comenzado a reportar disminución en la presión del agua, cambios en la calidad del líquido y afectaciones a cultivos de temporal. A pesar de ello, Millfoods no ha entablado diálogo público con las comunidades afectadas ni ha presentado evaluaciones de impacto social.
“Nos dijeron que iba a haber empleo y desarrollo. Hoy no hay ni empleo ni agua”, comenta un líder comunitario de la zona rural de Salamanca.
Recomendaciones urgentes
-Ante el escenario actual, especialistas en sustentabilidad y política hídrica han propuesto las siguientes acciones:
-Una auditoría ambiental independiente que verifique si Millfoods está cumpliendo con sus obligaciones legales y técnicas.
-La implementación inmediata de sistemas de recirculación de agua y tratamiento de residuos, ya contemplados en el diseño original.
-Transparencia pública total: acceso abierto a los datos de consumo, permisos y planes ambientales de la empresa.
-Supervisión activa y constante por parte de la PROFEPA, SEMARNAT y autoridades estatales.
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