Palacio Legislativo de San Lázaro, 02-05-2026.- La diputada Martha Aracely Cruz Jiménez (PT) exhortó a la Fiscalía General del Estado de Oaxaca a que agilice la investigación de la desaparición forzada y feminicidio de la activista indígena Sandra Domínguez Martínez y pidió a la CEAV (Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas) garantizar la reparación del daño integral a la familia.
En conferencia de prensa, indicó que, a un año de los hechos, las indagatorias no han arrojado resultados concluyentes, no se han ejecutado más órdenes de aprehensión contra autores materiales e intelectuales y no se ha garantizado justicia integral para la víctima y su familia; además, se han señalado irregularidades y posibles intentos de desvirtuar la trayectoria de la víctima.
“Se exhorta a dicha Fiscalía para que agote todas las líneas de investigación, incluyendo aquellas relacionadas con las denuncias previas realizadas por la víctima en contra de posibles actores vinculados a estructuras de poder. De quién hablamos, de Donato Vargas Jiménez, de los que estuvieron integrando el primer grupo de WhatsApp también, de Humberto Santos Ramírez, evitando cualquier forma de revictimización o descalificación de su labor como defensora”.
Cruz Jiménez solicitó también que se transparenten los avances de la investigación y se den informes de manera periódica a la familia de la víctima, garantizando el derecho a la verdad.
“Llevamos un año y medio pidiendo justicia y pidiéndole al gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, que no solape a sus funcionarios. Hay una persona que escuchó a Donato Vargas insinuando que me iban a hacer algo a mí y que iban a entrar a saquear mi oficina en la ciudad de Oaxaca. Por eso reafirmo que la investigación debe estar dirigida hasta ese individuo, porque él tenía la intención de dañar a mi persona, pero también la intención de dañar a Sandra”.
Dijo que esta persona “no perdonó que se haya denunciado la existencia de estos dos grupos de WhatsApp, donde compartía imágenes íntimas de mujeres indígenas, bajo el amparo del gobierno del estado de Oaxaca y de Salomón Jara, a quien hacemos responsable por no haber actuado en su momento y por seguir protegiendo a este violentador de mujeres, a Jesús Romero, por mantenerlo en la estructura de la Secretaría de Gobierno de Oaxaca. A todos ellos los hacemos responsable de la desaparición de Sandra y posterior asesinato”.
La diputada apuntó que este feminicidio no debe quedar impune, porque una defensora que ayudó a mujeres indígenas a denunciar a sus violentadores, no debe ser el mensaje para otras mujeres defensoras.
Afirmó que el asesinato ocurrió en un entorno de altos niveles de violencia contra las mujeres en Oaxaca con “al menos mil 300 mujeres desaparecidas en lo que va del sexenio de Salomón Jara”, riesgos estructurales para defensores de los derechos humanos y que las condiciones son peores para las mujeres indígenas quienes enfrentan “discriminación interseccional”.
Por su parte, Araceli Kisha, hermana de Sandra Domínguez denunció que, a una años y medio del hallazgo del cuerpo de Sandra, se presentan más omisiones a pesar de que se han recibido denuncias desde que ella estaba en vida por parte de ella y de otras mujeres, pero esas carpetas jamás avanzaron, porque siempre el gobierno de Oaxaca se encargó de proteger a estos funcionarios que hasta hoy gozan de total impunidad.
Añadió que el estado sigue teniendo una cuenta pendiente de justicia en el caso de Sandra.
“Aún faltan órdenes de aprehensión, poniendo aún a la familia en riesgo y a todas las personas que han alzado la voz por ello. Siguen faltando órdenes de aprehensión de los autores materiales e intelectuales”, dijo.
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