El diputado Alan Sahir Márquez Becerra (PAN) impulsa reforma para que en el caso de las personas migrantes víctimas del delito de secuestro en territorio nacional, la condición de estancia por razones humanitarias deberá otorgarse de manera inmediata, sin necesidad de acreditar previamente su situación migratoria.
La iniciativa, que adiciona dos párrafos al inciso a) del artículo 52 de la Ley de Migración, señala que dicha autorización garantizará su tránsito o permanencia en el país durante el tiempo necesario para su recuperación integral, protección y participación en los procesos legales correspondientes.
Asimismo, establece que las autoridades competentes deberán asegurar el acceso a medidas de protección, atención médica y psicológica especializada, asistencia jurídica gratuita y, en su caso, la disponibilidad de intérpretes o traductores, con el fin de garantizar el ejercicio efectivo de sus derechos. Fue turnada a la Comisión de Asuntos Migratorios.
En su exposición de motivos, indica que las personas migrantes en tránsito enfrentan condiciones de alta vulnerabilidad que las exponen a diversos riesgos, entre los que destaca el secuestro que no solo vulnera su libertad personal, sino que afecta de manera directa su integridad física, psicológica y su dignidad humana.
Resalta que en la legislación actual existen vacíos legales para las personas migrantes que han sido víctimas de dicho delito y no garantiza de forma clara el acceso inmediato a mecanismos de regularización migratoria, protección, atención integral y acceso a la justicia.
Dicha omisión genera una brecha en la protección efectiva de los derechos humanos de las personas migrantes, quienes, debido a su condición, enfrentan mayores obstáculos para denunciar los hechos, recibir atención y acceder a mecanismos de protección institucional.
Refiere que la organización “Alto al Secuestro”, en marzo de 2024 documentó 521 víctimas de secuestro involucradas en 84 casos, de las cuales 262 son migrantes.
Menciona que los migrantes son un blanco fácil, ya que bandas delictivas se aprovechan de su situación de vulnerabilidad. Al no disponer de dinero, son privados de libertad, muchas veces en condiciones deplorables hasta que algún familiar paga una suma en dólares o pesos mexicanos o, en el peor de los casos, son amenazados con mutilaciones o la propia muerte.
En este contexto, el legislador asegura que las políticas públicas de reparación deben reconocer que las víctimas no se encuentran en la misma situación, no experimentan el mismo daño ni sufren las mismas consecuencias. Los mecanismos pueden adoptar medidas para responder de manera adecuada a los más necesitados, como lo son las personas migrantes.
Enfatiza que con la aprobación de su iniciativa el Estado mexicano cumpliría con sus obligaciones constitucionales e internacionales en materia de derechos humanos, fortaleciendo la protección de una de las poblaciones más vulnerables frente a uno de los delitos más graves que enfrenta el país.
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