Durante el foro nacional “Ley contra el feminicidio en México”, organizado por la diputada Ariana del Rocío Rejón Lara (PRI), representantes de asociaciones y familiares de víctimas llamaron a fortalecer la prevención de la violencia contra las mujeres, mejorar la actuación de las autoridades y garantizar la reparación integral del daño a las víctimas indirectas.
Advirtieron que el aumento de las penas no es suficiente si las instituciones no responden oportunamente ante las amenazas y agresiones.
En su intervención, Valeria Lisset Villar Parra, integrante del colectivo Democracia Sin Miedo, señaló que, de enero a agosto de 2026, México registró 440 víctimas clasificadas como feminicidio, lo que representa un promedio aproximado de 13 por semana, cifra que corresponde a los casos clasificados bajo ese delito y no al total de mujeres asesinadas en el país.
Al analizar el proyecto de ley en materia de feminicidio impulsado por el Ejecutivo Federal, que contempla penas de 50 a 70 años de prisión, consideró que la discusión debe incluir la capacidad de las instituciones para proteger a las mujeres antes de que sean asesinadas.
“¿De qué les sirven 70 años de prisión a una mujer que necesitaba protección 70 minutos antes?”, cuestionó.
Villar Parra precisó que no pone en duda la necesidad de sancionar proporcionalmente un delito de esa gravedad, pero llamó a distinguir entre la severidad de las penas y la eficacia de las políticas de prevención.
Indicó que una reforma también debe evaluarse por la capacidad de sus mecanismos para proteger vidas. “La iniciativa no debería evaluarse solamente por la severidad de las penas que propone, sino también por la capacidad real de sus mecanismos para proteger vidas”.
Entre los aspectos que consideró necesario revisar, mencionó los tiempos de respuesta de las autoridades ante una denuncia, la ejecución y supervisión de las medidas de protección, la disponibilidad de personal especializado y la responsabilidad institucional cuando las obligaciones no se cumplen.
Propuso que la implementación de la legislación cuente con indicadores públicos, mecanismos de evaluación y responsabilidades verificables.
Subrayó que las amenazas y agresiones deben atenderse antes de que se conviertan en violencia letal, pues la prevención requiere identificar los riesgos y actuar oportunamente cuando existen señales de peligro.
“Una amenaza no necesita terminar en feminicidio para merecer atención, una agresión no necesita convertirse en violencia letal para justificar una intervención y una mujer no debería tener que morir para que finalmente reconozcamos que verdaderamente estaba en peligro”.
A su vez, Paola Vanessa Navacalvo, de la Colectiva Asesoría Legal Feminista, planteó que la respuesta legislativa al feminicidio debe dar prioridad a la prevención, la atención oportuna y la protección efectiva de las mujeres, además de contemplar sanciones para quienes cometan este delito.
Consideró que aumentar las penas no resuelve por sí solo el problema si no se actúa antes de que las agresiones escalen. “No sirve de nada que la ley le ponga que ya…105 años… tenemos que irnos a la prevención”.
Entre las medidas que propuso, destacó fortalecer la prevención en sus distintos niveles, establecer protocolos de atención inmediata y garantizar que las órdenes de protección se cumplan efectivamente, en lugar de quedarse únicamente en el papel.
Así como fortalecer los mecanismos de investigación con perspectiva de género y las herramientas para atender los casos de violencia y evitar que lleguen a un desenlace fatal.
Durante su participación, Elizabeth Machuca Campos, hermana de Eugenia Machuca Campos, quien fue reportada como desaparecida y localizada sin vida el 28 de octubre de 2017 en Ocoyoacac, Estado de México, expuso las dificultades que ha enfrentado su familia para acceder a la justicia.
Indicó que su hermana dejó tres hijos, quienes eran menores de edad cuando ocurrieron los hechos, y que a la fecha sus sobrinos continúan sin recibir una reparación integral del daño.
Explicó que, aunque hubo una sentencia, la investigación presentó deficiencias y el caso de su hermana fue reclasificado. Relató que el presunto responsable la acosaba y perseguía, mientras las medidas de protección no eran suficientes para garantizar su seguridad.
Puntualizó que, a partir de esta experiencia, formó el colectivo Flores en el Corazón, desde el cual acompaña a familias de personas desaparecidas y víctimas de feminicidio y violencia de género y denunció que algunas autoridades no atienden oportunamente las denuncias y que las familias deben insistir para que sus casos sean tomados en cuenta.
“Necesitamos irnos arrastrando para que podamos levantar una denuncia y las autoridades nos hagan caso”.
Por ello, sostuvo que la prevención de las desapariciones también debe formar parte de las acciones para evitar los feminicidios. “Nosotros tenemos que prevenir la desaparición para así poder prevenir el feminicidio”.
Finalmente, pidió que los foros y la información sobre las leyes lleguen a los municipios y se expliquen con un lenguaje accesible para las familias, en particular para quienes desconocen los procedimientos legales y las instancias a las que pueden acudir.
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