El diputado Antonio Lorenzo Castro Villarreal (Morena) impulsa reformas a Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, a fin de duplicar las penas previstas por los delitos de tener o mantener a una persona en condición de siervo o trabajo forzado, y garantizar a las víctimas atención psicológica y apoyo de reinserción laboral.
La iniciativa, que modifica los artículos 12 y 22, y adiciona el 69 Bis y 82 Bis de dicha ley, establece que a quien tenga o mantenga a una persona en condición de siervo se le impondrá una pena de 10 a 20 años de prisión y de dos mil a 40 mil días multa, la cual actualmente se sanciona de 5 a 10 años de prisión y de un mil a 20 mil días multa.
Asimismo, propone imponer de 20 a 40 años de prisión, y de 10 mil a 100 mil días multa, a quien tenga o mantenga a una persona en trabajos forzados, ya que hoy es de 10 a 20 años de prisión y de 5 mil a 50 mil días multa.
La adición del artículo 82 Bis a la norma legal estipula que, tratándose de los delitos de esclavitud, condición de siervo y trabajos forzados, previstos en los artículos 11, 12 y 22, el monto recaudado por concepto de la multa impuesta a la persona sentenciada se destinará a la indemnización de la víctima, con independencia de la reparación del daño.
La indemnización, precisa, se calculará tomando como base un salario mínimo general vigente y medio, por cada mes o fracción de mes durante el cual la víctima haya permanecido en situación de esclavitud, condición de siervo o trabajo forzado. Cuando el monto de la multa resulte insuficiente para cubrir la indemnización, la diferencia se cubrirá con cargo al Fondo Federal para la Atención de Víctimas.
La adición del artículo 69 Bis señala que las víctimas de los delitos de esclavitud, condición de siervo y trabajos forzados, previstos en los artículos 11, 12 y 22 de esta ley recibirán, por un periodo de seis meses contados a partir de su identificación o rescate, atención psicológica especializada a cargo de la Secretaría de Salud, así como orientación vocacional y apoyo para su reinserción laboral a cargo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, en el ámbito de sus respectivas competencias federal o local.
Ambas dependencias, indica, coordinarán la prestación de estos servicios con la Comisión Intersecretarial para Prevenir, Combatir y Sancionar los Delitos en Materia de Trata de Personas, con cargo a los recursos del Fondo Federal para la Atención de Víctimas.
En la exposición de motivos, resalta que la esclavitud contemporánea ha regresado a México bajo formas que ya no requieren cadenas visibles, pero que reproducen la misma lógica de dominio, despojo de la libertad y negación de la dignidad humana. Es una práctica sistemática que el crimen organizado ha incorporado a su modelo de operación territorial.
Menciona que, de acuerdo con el Índice Global de Esclavitud 2023, elaborado por la organización Walk Free, en México viven alrededor de 850 mil personas en condiciones de esclavitud moderna, quienes son sometidas a trabajo forzoso en sectores como la minería, la manufactura, el empleo doméstico y el cuidado de menores de edad, comúnmente bajo condiciones que las privan del acceso a seguridad social, atención médica y asesoría legal, y sin percibir salario ni gozar de descanso. La población migrante figura entre los grupos de mayor vulnerabilidad.
Con la iniciativa, turnada a la Comisión de Justicia, se busca fortalecer el marco jurídico mexicano y “renovarse frente a nuevas formas de un agravio a la dignidad humana”, puntualiza.
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