La senadora Ruth González Silva, del PVEM, sostuvo que las personas migrantes con discapacidad pueden enfrentar dificultades para comprender procedimientos legales, conocer sus derechos y acceder a servicios de asistencia, regularización, refugio o defensa jurídica, lo que las coloca en una situación de desventaja ante las instituciones y los servicios públicos.
Agregó que esto ocurre cuando la información no se presenta en formatos accesibles o no se cuenta con apoyos adecuados de comunicación, lo que impide que estas personas tomen decisiones informadas y ejerzan plenamente derechos que, aunque están formalmente reconocidos, resultan inaccesibles en la práctica.
En este contexto, propuso reformar la Ley de Migración para que la Secretaría de Gobernación garantice a quienes se encuentren en dicha situación, acceso pleno a servicios e información adecuada en igualdad de condiciones con las demás personas.
Lo anterior, a través de adaptaciones físicas y materiales de documentos en múltiples idiomas, la adopción de lengua de señas, visualización de textos, sistema Braille, lenguaje sencillo y otros modos, medios, sistemas y formatos de comunicación.
González Silva refirió que, entre septiembre y diciembre de 2025, seis por ciento de las personas desplazadas que fueron monitoreadas por la Organización Internacional para las Migraciones tenía al menos una discapacidad, mientras que el Consejo Danés para Refugiados identificó que, de una muestra de mexicanos que en 2023 revisó, 8.3 por ciento tenía alguna condición.
No obstante, advirtió que las características de la movilidad migratoria dificultan la generación de registros completos y confiables, lo que implica que numerosos casos permanezcan fuera de las estadísticas oficiales y, por tanto, sean invisibles para las instituciones responsables de brindar asistencia y protección.
La legisladora apuntó que la accesibilidad de migrantes a la información es una herramienta indispensable para asegurar que conozcan su situación jurídica, comprendan los procedimientos que les afectan, puedan solicitar protección cuando corresponda y accedan efectivamente a servicios y mecanismos de defensa disponibles.
Ruth González enfatizó, además, que su iniciativa, turnada a las comisiones de Asuntos Migratorios y de Estudios Legislativos, atiende a las recomendaciones que el Comité de Naciones Unidas ha formulado a México para hacer accesibles la información y los procedimientos migratorios.
Así, una persona con discapacidad no dependería exclusivamente de la existencia eventual de un protocolo, de la disponibilidad de apoyos en determinada oficina o de una interpretación amplia de una cláusula reglamentaria de vulnerabilidad, sino que contaría con una garantía reconocida directamente por la ley, destacó.
Con las modificaciones propuestas, consideró la Senadora, “se fortalece la protección de las personas migrantes con discapacidad y se avanza hacia una política migratoria más inclusiva, compatible con los principios de igualdad, no discriminación, accesibilidad y respeto a la dignidad humana”.
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