La propuesta establece que tratándose de los delitos de uso ilícito de atribuciones y facultades, ejercicio abusivo de funciones, tráfico de influencia, peculado y enriquecimiento ilícito, cuando sean cometidos por servidores públicos o representantes populares en el ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas, así como cualquier persona que sin tener el carácter de servidor público y estando obligada legalmente a la custodia, administración o aplicación de recursos públicos, la acción penal y las sanciones correspondientes serán imprescriptibles.
Además, la iniciativa turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales para su dictamen, también estipula que se exceptuarán de los plazos de prescripción los delitos de corrupción y su persecución será de oficio, sin necesidad de denuncia, querella o autorización previa.
En su exposición de motivos, Vázquez Calixto explica que estas adecuaciones fortalecen el marco jurídico en materia de combate a los delitos por hechos de corrupción, y generan condiciones para un desarrollo más equitativo, transparente y sostenible, al establecer que los delitos que afectan el patrimonio público no prescriben.
El objetivo es “garantizar que el tiempo deje de ser un aliado de la impunidad y se convierta en un instrumento de justicia permanente en favor de la sociedad”, enfatiza.
Señala que la corrupción ha constituido uno de los principales factores que han debilitado la confianza ciudadana en las instituciones públicas, lo cual afecta de manera directa el desarrollo democrático, económico y social.
Destaca que la prescripción fue concebida originalmente como garantía de seguridad jurídica; no obstante, en la práctica es utilizada como un obstáculo para la justicia cuando se trata de delitos que afectan al patrimonio público y al interés colectivo.
Los delitos de peculado, desviación de recursos públicos, enriquecimiento y ejercicio ilícitos del servicio público representan conductas de especial gravedad, toda vez que implican no solo la traición a la confianza pública, sino generan impunidad institucionalizada y daño patrimonial irreparable al erario.
Expresa que su iniciativa está alineada con los instrumentos internacionales que obligan al Estado mexicano a adoptar medidas eficaces para prevenir, investigar y sancionar los delitos de corrupción.
La implementación de esta reforma generaría un nuevo estándar de responsabilidad en el ejercicio del servicio público, atendería una necesidad jurídica, social y política y cerraría espacios a la impunidad, al garantizar la protección efectiva del erario, el desarrollo nacional y se fortalece el Estado de derecho, afirma.
Concluye que al eliminar la prescripción se refuerza el principio de que el ejercicio del poder público conlleva una obligación continua frente a la sociedad y consolida la cultura de legalidad y responsabilidad política. “Cada peso protegido de los delitos por hechos de corrupción se traduce en infraestructura, servicios y oportunidades para la población”.
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