El anuncio de una inversión de 20 millones de dólares destinada a la compra de guantes de descarga eléctrica para los agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) ha generado una ola de indignación en Estados Unidos. La medida, impulsada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), enfrenta un rechazo frontal por parte de congresistas demócratas y organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes, quienes exigen un freno inmediato al financiamiento de la agencia.
¿Qué son los guantes CTG-5 y por qué generan alarma?
El contrato millonario contempla la adquisición de los guantes CTG-5, dispositivos equipados con electrodos en la palma que emiten pulsos eléctricos al entrar en contacto con la piel, diseñados específicamente para causar dolor.
Aunque el DHS ha defendido el equipo calificándolo como un «dispositivo de desescalada», los críticos aseguran que su uso es injustificable. Kica Matos, presidenta del Centro Nacional de Leyes de Inmigración (NILC), fue tajante al respecto:
Armar con guantes de descarga eléctrica a agentes mal entrenados para infligir dolor a nuestros vecinos es repugnante y bárbaro».
Presión política: Del rechazo en redes al «Melt ICE Act»
La respuesta legislativa no se ha hecho esperar. La congresista Delia Ramírez (Illinois) manifestó que, «bajo ninguna circunstancia», se debe confiar este tipo de tecnología al DHS. Ramírez ha instado a la aprobación del proyecto de ley ‘Melt ICE Act’, el cual busca recortar los fondos destinados a la detención de inmigrantes.
Por su parte, el congresista Maxwell Alejandro Frost (Florida) cuestionó el uso de los impuestos de los ciudadanos para financiar lo que denominó guantes para «matones enmascarados y sin ley».
Denuncias de tortura y falta de transparencia
Organizaciones civiles han escalado la protesta, señalando que estas herramientas permiten una violencia difícil de rastrear. La Red Nacional de Organización de Jornaleros (NDLON) acusó a la administración de Donald Trump de buscar «la capacidad de torturar a la gente discretamente». Jorge Torres, director de la organización, aseguró que la agencia no admite reformas: «Esto no tiene arreglo; la única solución es la abolición».
La crítica se intensifica debido a la opacidad financiera de la agencia. Según Matos, el ICE opera como «una agencia descontrolada con un fondo opaco de 80.000 millones de dólares», por lo que ha exigido al Congreso poner fin al «cheque en blanco» otorgado al organismo.
Un historial marcado por la violencia operativa
La controversia sobre los nuevos guantes se suma a un historial reciente de incidentes mortales que han puesto al ICE bajo la lupa:
- Tiroteos mortales: Los casos de Lorenzo Salgado Araujo (mexicano) y Johan Durán (colombiano), fallecidos tras controles de tráfico en Texas y Maine, han avivado las críticas sobre el uso de la fuerza.
- Operativos en Mineápolis: En enero, la muerte de dos ciudadanos estadounidenses durante operativos migratorios provocó protestas masivas contra el organismo.
Este nuevo gasto millonario en tecnología de descarga eléctrica parece profundizar la brecha entre las políticas de seguridad nacional y el respeto a los derechos humanos fundamentales en las fronteras y el interior del país.
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