La Policía Federal de Brasil ha puesto en marcha una operación dirigida contra sospechosos sancionados por Estados Unidos por sus presuntos vínculos con la banda de narcotraficantes Primeiro Comando da Capital (PCC), según informaron el viernes a Reuters dos fuentes conocedoras del asunto.
La policía federal no identificó a los sospechosos, pero afirmó en un comunicado que la operación tendrá como objetivo desarticular un grupo delictivo acusado de lavar los ingresos del tráfico internacional de drogas.
Los investigadores afirmaron que los sospechosos dirigían presuntamente una sofisticada red que movía y lavaba dinero mediante transferencias de criptomonedas, transporte de efectivo, transacciones bancarias de alto valor y transferencias entre particulares y empresas.
Un análisis preliminar identificó más de 10 mil millones de reales (mil 920 millones de dólares) en transacciones financieras vinculadas a la trama, según la policía federal.
Más temprano en la semana, la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos (OFAC) añadió a dos brasileños a la Lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas.
Según alegó, Víctor Henrique de Oliveira Shimada tenía vínculos con el PCC, una de las mayores organizaciones criminales de Brasil, y Stella Stefanie Nunes Henrique de Oliveira tenía vínculos con Shimada. Oliveira fue detenido durante la operación, según indicaron las dos fuentes. Shimada sigue en libertad, según una de las fuentes.
El abogado de Shimada no respondió de inmediato el viernes a una solicitud de comentarios. En un comunicado emitido el jueves, su defensa negó cualquier implicación con una organización criminal o con el blanqueo de capitales. Reuters no pudo contactar de inmediato con los representantes de Oliveira.
Estados Unidos designó al PCC y a la banda rival Comando Vermelho (CV) como Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTO) con efecto a partir del mes pasado.
El gobierno del presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, ha tratado de evitar tales designaciones, por temor a que, a la larga, puedan abrir la puerta a una intervención militar estadounidense o a sanciones contra bancos que, sin saberlo, mantengan relaciones comerciales con miembros de las bandas.
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