La presidenta Claudia Sheinbaum firmó este miércoles una iniciativa de Ley General contra el Feminicidio que será enviada al Congreso y que busca unificar en todo el país la definición de este delito, homologar las investigaciones y evitar que las muertes violentas de mujeres sean clasificadas erróneamente como suicidios u homicidios.
La iniciativa establece una definición única para el delito y fija penas homologadas de entre 50 y 70 años de prisión en todo el país, además de 19 agravantes que permitirán incrementar las sanciones en determinados casos.
«Esta ley lo que hace es garantizar que en todas las fiscalías se trabaje igual el delito de feminicidio. Evitar al máximo que pueda ser catalogado como suicidio», afirmó la mandataria durante su conferencia matutina.
La propuesta surge después de que una reforma constitucional aprobada en mayo facultara al Congreso para emitir una legislación nacional sobre feminicidio, un delito que actualmente es regulado de manera distinta en los 32 estados del país.
Sheinbaum sostuvo que, pese a la reducción de los feminicidios en los últimos años, muchas de estas agresiones siguen sin recibir sanción.
«En nuestro país, aun y cuando van disminuyendo los feminicidios, todavía se cometen feminicidios. Y muchos de ellos lamentablemente siguen sin sanción», señaló.
La consejera jurídica de la presidencia, Luisa María Alcalde, explicó que la nueva ley responde a problemas detectados en las investigaciones y en la clasificación de los casos, ya que los 32 estados regulaban el feminicidio de forma diferente.
Además, advirtió que existen «deficiencias en los procesos de investigación, la incorrecta clasificación de delitos violentos, falta de análisis de contexto de violencias, ausencia de estándares con perspectiva de género que generaban muchas veces pérdida de indicios y subregistros de feminicidios, delitos que se catalogaban como homicidios cuando realmente se consideraban feminicidios».
Por su parte, la titular de la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia contra las Mujeres, Maribel Bojorges, destacó que uno de los principales cambios será la creación de protocolos obligatorios para todas las fiscalías del país, que deberán incorporar la perspectiva de género, análisis de contexto de violencia y preservación adecuada de indicios.
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