- El voto de las regiones más pobres y rurales apoyan al congresista Roberto Sánchez y relegan a la candidata conservadora Keiko Fujimori.
- La elección peruana se perfila como una confrontación entre las élites económicas vinculadas al fujimorismo y marcadas por la corrupción y los sectores populares excluidos del modelo neoliberal.
Redacción
LIMA (Agencias). – Perú se encamina hacia una segunda vuelta presidencial marcada por una fractura social cada vez más profunda: la disputa entre las élites económicas que históricamente han controlado el poder político y financiero del país, y los millones de peruanos pobres, rurales y marginados que buscan abrirse paso en las urnas.
La contienda rumbo al Palacio de Gobierno ha quedado definida entre Keiko Fujimori, heredera política del fujimorismo y representante de los sectores empresariales conservadores y de derecha, y Roberto Sánchez, identificado con la izquierda popular, pacífica y progresista y respaldado principalmente por las regiones más pobres del país andino.
El escenario electoral ha comenzado a perfilarse como una confrontación de clases. Mientras Fujimori concentra apoyos en sectores empresariales, grupos conservadores urbanos y parte de las clases medias altas de Lima, Sánchez ha encontrado fuerza en las comunidades campesinas, zonas rurales y regiones históricamente abandonadas por el modelo económico neoliberal impuesto desde la década de los noventa.
El diario español El País advierte que el voto de los sectores más pobres será determinante en la elección presidencial del próximo 7 de junio. Aunque Perú reportó una ligera reducción de la pobreza monetaria durante 2025, el país todavía no logra recuperar los niveles previos a la pandemia y mantiene profundas brechas sociales y territoriales. Cerca de una cuarta parte de la población permanece en condiciones de pobreza.
La irrupción de Roberto Sánchez en la segunda vuelta fue interpretada por analistas políticos como una rebelión silenciosa del Perú profundo. El avance del candidato popular se consolidó conforme avanzó el conteo del voto rural, particularmente en las regiones andinas y del sur peruano, donde persiste un fuerte resentimiento contra las élites limeñas y el centralismo económico.
Sánchez ha construido su narrativa política alrededor de la desigualdad social, el abandono estatal y la necesidad de redistribuir la riqueza nacional. Su discurso conecta con amplios sectores populares golpeados por la inflación, la precarización laboral y el deterioro de servicios públicos básicos como salud y educación.
En contraste, Keiko Fujimori intenta reposicionarse como una figura de “orden y estabilidad”, reivindicando parcialmente el legado de su padre, el expresidente Alberto Fujimori, cuyo gobierno estuvo marcado por acusaciones de corrupción, autoritarismo y violaciones a los derechos humanos.
El peso del apellido Fujimori sigue polarizando a la sociedad peruana. Para amplios sectores populares y progresistas, el fujimorismo representa la consolidación de una estructura de poder vinculada al gran capital, los grupos empresariales y una visión excluyente del país. Del otro lado, sectores conservadores consideran que Keiko Fujimori encarna una alternativa frente al crecimiento del malestar social y que garantiza los intereses de sectores empresariales neoliberales.
La campaña también se desarrolla en medio de una fuerte disputa narrativa sobre la legitimidad democrática. Fujimori ha vuelto a insinuar posibles irregularidades electorales, reviviendo los fantasmas del fraude denunciado sin pruebas tras su derrota frente a Pedro Castillo en 2021.
En ese contexto, la elección peruana comienza a ser vista no solamente como una competencia entre dos proyectos políticos, sino como un choque entre dos países: el Perú de las élites económicas que defienden el modelo neoliberal y el Perú empobrecido que exige representación, redistribución y reconocimiento político después de décadas de exclusión.
La disputa final por Palacio de Gobierno podría convertirse así en un referéndum social sobre quién debe gobernar el país: los grupos históricamente privilegiados o las mayorías populares que hoy buscan transformar el equilibrio del poder político en Perú.
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