- Las maternidades forzadas se consideran un grave problema de salud pública por la falta de acceso a la información y a los servicios de salud.
- Forzar a una menor a ser madre vulnera su salud, bienestar y desarrollo.
- Especialistas destacan que el acompañamiento médico e informativo es clave para garantizar decisiones seguras y reducir barreras en el ejercicio de este derecho.
Miles de niñas, adolescentes y mujeres en México y América Latina continúan enfrentando embarazos no planeados sin acceso a información, servicios de salud oportunos o condiciones legales restrictivas que no les permiten decidir libremente sobre sus cuerpos. Una realidad que se identifica como maternidades forzadas y que representa un problema urgente de salud pública.
Esta grave situación es un reflejo de desigualdades estructurales que impactan directamente la salud, el bienestar y el desarrollo de las personas.
De acuerdo con Paula Rita Rivera Núñez, gerente operativo de Telefem, las maternidades forzadas no son una elección, sino son consecuencia de situaciones impuestas en las que niñas, adolescentes, mujeres y personas con capacidad de gestar continúan un embarazo en contra de su voluntad, ya sea por falta de acceso a información sobre sus derechos, servicios de salud oportunos, barreras legales, presión social, violencia sexual o estigmatización.
Un fenómeno extendido en la región
América Latina y el Caribe se mantienen como la segunda región con mayor tasa de embarazo adolescente a nivel mundial, con más de 1.6 millones de nacimientos anuales en este grupo de edad, de acuerdo con el Fondo de Población de las Naciones Unidas.
“Detrás de las cifras hay historias de abandono escolar, pobreza, violencia sexual, falta de autonomía y sistemas de salud que no siempre responden a las necesidades reales de las mujeres”, añadió Rivera Núñez.
En México, la problemática persiste con especial impacto en niñas. De acuerdo con datos de la Secretaría de Salud, en 2024 se registraron 92 mil 660 nacimientos en adolescentes de 15 a 17 años y casi 8 mil nacimientos en niñas de 10 a 14 años. Es decir, todos los días, 21 niñas menores de 15 años se convirtieron en madres, lo que evidencia la continuidad del embarazo infantil como fenómeno estructural.
“Las maternidades forzadas no ocurren de manera aislada, están estrechamente relacionadas a contextos de pobreza, desigualdad de género persistente, violencia sexual y limitaciones en el acceso a servicios de salud. Además de normas culturales, barreras legales y sociales que limitan el acceso a información y servicios de salud”, señaló Rivera Núñez.
Impacto en la salud y el desarrollo
Las consecuencias son profundas. El Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), advierte que las complicaciones del embarazo y el parto son una de las principales causas de muerte entre adolescentes de 15 a 19 años a nivel mundial.
Además, las adolescentes que se convierten en madres enfrentan mayores riesgos de depresión, ansiedad y estrés postraumático, especialmente cuando el embarazo está relacionado con violencia sexual.
“Obligar a una niña o adolescente a ser madre no solo pone en riesgo su salud, también condiciona su futuro: muchas abandonan la escuela, enfrentan precariedad económica y ven limitadas sus oportunidades de desarrollo”, subrayó Paula Rita.
En este contexto la información salva tiempo, salud y proyectos de vida, porque permite tomar decisiones libres y conscientes; cuando no, las decisiones se vuelven reacciones condicionadas por el miedo y la desinformación.
Un llamado a la corresponsabilidad
Desde la sociedad civil, Telefem impulsa modelos de atención centrados en la persona, con acompañamiento continuo y acceso a información confiable, lo que ha demostrado mejorar la toma de decisiones informadas.
Para Paula Rita Rivera, visibilizar las maternidades forzadas no es un debate ideológico: “es una exigencia de cuidado, justicia y dignidad. Las maternidades deben ser una elección, nunca una condena. La evidencia es clara: la educación integral de la sexualidad, el acceso a anticoncepción y los servicios de salud oportunos son fundamentales para prevenir este fenómeno”.
“Las familias pueden hablar sin tabúes, las comunidades acompañar sin juzgar y quienes toman decisiones garantizar acceso real a servicios de salud. Prevenir las maternidades forzadas es construir un país más justo”, concluyó Paula Rita Rivera Núñez.
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