La diputada Ana Karina Rojo Pimentel (PT) impulsa una iniciativa para establecer que las autoridades federales, estatales, municipales y de las demarcaciones de la Ciudad de México, prevengan, atiendan y sancionen la explotación económica o comercial digital de las niñas, niños y adolescentes, por parte de quienes ejercen la patria potestad, tutela, custodia o de terceros.
La propuesta busca adicionar la fracción IX al artículo 47 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para estipular que esta modalidad de explotación es aquella que se realiza a través del uso sistemático de su imagen, voz o datos personales en redes sociales, plataformas digitales o medios de transmisión para la generación de ingresos, monetización o beneficios publicitarios, por quienes ejerzan la patria potestad, tutela, custodia o de terceros y vulneran su privacidad, educación, salud mental, desarrollo integral o descanso.
La legisladora sostiene que su propuesta tiene como objetivo hacer frente a un modelo de negocio que se ha consolidado a nivel mundial en los últimos años, el cual está basado en la monetización de contenido audiovisual en redes sociales, plataformas de video y medios digitales.
Subraya que dentro de este ecosistema ha proliferado el fenómeno conocido como sharenting comercial o trabajo infantil digital: la utilización sistemática, intensiva y mercantilizada de la imagen, voz, vida privada e intimidad de personas menores de edad para generar ingresos económicos, patrocinios o beneficios publicitarios a favor de sus progenitores, tutores o terceros.
Rojo Pimentel relata que esta práctica “muchas veces es disfrazada bajo la narrativa de pasatiempo familiar o entretenimiento inocuo”; sin embargo, constituye en la realidad una forma no regulada de trabajo e hiperexposición infantil.
En este sentido, destaca que de acuerdo con estimaciones de organismos internacionales cerca del 81 por ciento de las niñas y niños en países con acceso a internet tienen presencia digital antes de cumplir los dos años de edad, y que antes de llegar a los cinco años sus tutores han publicado en promedio más de mil 500 imágenes o videos suyos sin su consentimiento.
Ante esta nueva realidad, considera que “el Estado mexicano no puede permanecer inerte ni mantener una ceguera digital en su legislación de protección a la infancia, por lo que su iniciativa prevé corregir esta laguna normativa para garantizar que el interés superior de la niñez prevalezca sobre cualquier interés económico o mercantil en el entorno digital”.
Abunda que con estas modificaciones normativas se logrará visibilizar y tipificar la monetización no regulada de la imagen, voz o datos de personas menores de edad como una forma de explotación económica que las autoridades deben prevenir, atender y sancionar.
Así como, garantizar que la representación legal ejercida por padres o tutores no se traduzca en el menoscabo del derecho a la educación, privacidad, salud mental o descanso de las y los menores por razones del lucro o patrocinio.
La iniciativa fue turnada a la Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia para dictamen.
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